Registran el Palau en una operación por el uso de fondos públicos para el 1-O

La Guardia Civil ha finalizado tras más de diez horas el registro en la sede de Òmnium Cultural, que ha llevado a cabo por orden del juez que investiga el 1-O, que trata de aclarar si el gobierno catalán financió las campañas publicitarias del referéndum a través de la entidad cultural.

Según han informado fuentes de la investigación, la Guardia Civil ha abandonado poco después de las 19.30 horas de la tarde el edificio de Òmnium Cultural, donde los agentes han irrumpido a primera hora de la mañana por orden del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

En la sede de Òmnium, los agentes han estado rastreando durante más de diez horas diversa documentación y datos almacenados en los ordenadores, así como el correo electrónico de la entidad soberanista. El juez, que hoy también ha ordenado registrar el despacho en el Palau de la Generalitat del secretario de Difusión, Antoni Molons -que ha sido detenido y ya ha quedado en libertad- indaga si la financiación de la publicidad se pudo enmascarar a través de pagos del Govern a Òmnium Cultural para burlar la prohibición del Constitucional de destinar partidas de los presupuestos al referéndum de independencia suspendido.

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha negado que la entidad se financie con dinero público y ha avisado de que no se dejará "amedrentar" por registros como el de esta mañana de la Guardia Civil en su sede en Barcelona: "Pedimos que paren ya estas hostilidades, esta represión", ha dicho. "No encontrarán, seguro, ningún tipo de vinculación económica entre la Generalitat y Òmnium", ha recalcado Mauri, que ha señalado que "desde hace muchos años" la entidad "se financia de forma privada y no recibe ningún euro de la Generalitat"

Paralelamente, los guardias civiles han registrado el domicilio particular de Molons en Sant Joan Despí (Barcelona), en presencia del secretario de Difusión, al que después han trasladado a su oficina en el Palau de la Generalitat con el propósito de inspeccionarla.

Esta operación se enmarca en una nueva línea de investigación que ha abierto el juez instructor para averiguar si la Generalitat pagó campañas publicitarias del 1-O, especialmente el anuncio del referéndum que difundieron varios medios, a través de partidas opacas, no incluidas en los presupuestos.

Los investigadores sospechan que la financiación de la publicidad se pudo vehicular a través de pagos del Govern a Òmnium Cultural, entidad que habría encargado la confección de la campaña publicidad del 1-O, según las mismas fuentes.

Hasta ahora, la investigación ha constatado que el Govern se gastó cerca de medio millón de euros en insertar en medios de comunicación publicidad relacionada con el referéndum del 1-O, concretamente 277.804 euros para el anuncio 'Naciste con la capacidad de decidir. ¿Renunciarás a ella?', que animaba al voto y se sufragó a cargo del presupuesto de un contrato programa que la Generalitat tiene con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

Otros 224.835 euros, sostienen los investigadores, se destinaron a la campaña 'Sí o no', dirigida a promover la inscripción de los catalanes residentes en el extranjero en un registro para permitirles supuestamente participar en la consulta del 1-O que suspendió el Tribunal Constitucional.

Ambas partidas fueron pagadas con fondos del Departamento de Presidencia, que dirigía el exconseller Jordi Turull, pero la Guardia Civil cree que la Generalitat destinó una suma mayor a la publicidad del 1-O que no es posible determinar debido a las "argucias" del Govern para camuflarla.

Por ese motivo, los investigadores tratan de averiguar si la financiación de la campaña publicitaria, así como otros gastos relacionados con el referéndum, se enmascaró mediante pagos a las entidades soberanistas, entre ellas Òmnium.

En el marco de la investigación por malversación en el 1-O, el juez ordenó a la Guardia Civil acceder al fichero de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPLAC) para rastrear las cuentas y productos bancarios de los investigados en la causa, con el fin de averiguar si desviaron fondos públicos para sufragar la consulta.

Precisamente, la semana pasada el juez tomó declaración a cuatro empresarios involucrados en la fabricación y difusión de la campaña del 1-O, para averiguar de dónde recibieron los encargos relativos a la publicidad del referéndum.

Dos de los empresarios explicaron al magistrado que fue la Generalitat quien les encargó los trabajos, a través de un intermediario que trabajaba como 'free-lance' para la administración catalana y que se identificó como responsable de diseño del Govern, y precisaron que no han llegado a cobrar por ellos.

La causa sobre los preparativos del referéndum se abrió a raíz de una denuncia por las revelaciones del exsenador de ERC Santi Vidal, que aseguró en sus conferencias que el Govern ocultaba una partida camuflada de 400 millones de euros para prepara el referéndum y las estructuras de Estado, y el juez ha acordado recientemente prorrogarla hasta febrero de 2019, debido a su complejidad.

Paralelamente, el Tribunal Supremo investiga, en la causa que tiene abierta por rebelión, el papel clave de ANC y Òmnium Cultural en la hoja de ruta unilateral hacia la independencia, junto a los miembros del Govern cesado y la Mesa del Parlament.

Molons señaló a Turull ante Guardia Civil como responsable de las campañas del 1-O

El secretario de Difusión de la Generalitat Antoni Molons, que ha sido detenido por la Guardia Civil, apuntó en una testifical de noviembre pasado ante el instituto armado al exconseller de Presidencia Jordi Turull como el responsable de autorizar la publicidad del Govern sobre el 1-O.

Molons, que este mediodía ha sido trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil al finalizar el registro de su casa y de su despacho en el Palau de la Generalitat, ya fue interrogado como testigo por el instituto armado el 8 de noviembre pasado, en el marco de la investigación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O.

Según han informado fuentes de la investigación, durante el interrogatorio de noviembre pasado los agentes de la Guardia Civil preguntaron a Molons por el anuncio del Govern en el que aparecían unas vías de tren y el lema 'Has nacido con la capacidad de decidir, ¿renunciarás a ella?', con el emblema de la Generalitat y la frase: '1-Oct Referéndum de Autodeterminación de Cataluña', que se enmarcaba en su campaña denominada "Civisme".

Ante los agentes de la Guardia Civil, Molons afirmó entonces que fue Turull, como conseller de Presidència, quien autorizó el contrato marco de la campaña 'Civisme', que tenía un presupuesto global de 2,7 millones de euros y que finalmente no se llevó a cabo, aunque el anuncio sobre las vías y el referéndum sí se emitió en los medios públicos de la Generalitat.

Sobre este anuncio, Molons alegó durante el interrogatorio que desconocía quién lo creó, aunque detalló que le llegó desde la Consellería de Presidencia y que la persona que le dio el mensaje de la campaña de 'Civisme' fue Turull, aunque no le entregó ningún documento digital sobre la campaña ni instrucciones de cómo llevarla a cabo, ya que esas instrucciones "fueron verbales", según las fuentes.

La campaña de 'Civisme', ideada inicialmente para julio y agosto del pasado año, fue rechazada por algunas empresas homologadas por la Generalitat, que no la quisieron elaborar por su connotación política sobre el referéndum -que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional-, por lo que el Govern la tramitó de urgencia para poderla emitir antes del 1-O.

De hecho, durante el interrogatorio en la Guardia Civil de noviembre pasado, Molons aseguró que, una vez rechazada la campaña 'Civisme' por las empresas homologadas, se reunió con Turull y ambos acordaron emitir los anuncios solo a través de los medios públicos, en una decisión que fue "aceptada y autorizada" por el entonces conseller, actual diputado de Junts per Catalunya y uno de los imputados por rebelión por el Tribunal Supremo, causa por la que estuvo en prisión provisional.