La exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega ha alegado que la organización de la consulta del 9-N estaba en manos de voluntarios cuando el Tribunal Constitucional (TC) la suspendió, por lo que no tiene "ninguna conciencia" de haber desobedecido cuando difundió sus resultados.
Ortega ha declarado como imputada durante cerca de una hora ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su papel en la organización de la consulta alternativa del 9-N, en un interrogatorio en el que ha insistido que no tiene conciencia "de haber desobedecido al TC, ni de haber dictado ninguna resolución injusta, ni mucho menos cometido ninguna irregularidad económica".
La democristiana ha asegurado que está "tranquila" con su actuación como vicepresidenta y al frente del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, porque ha afirmado que siempre ha obrado con respeto a la legalidad.
Y ha señalado que no es bueno "criminalizar un acto político democrático y pacifico" como el 9-N, porque estos asuntos se tienen que "dirimir con diálogo, consenso y con voluntad de pacto".
La exvicepresidenta del Govern, que como la consellera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía, ha expuesto ante el juez que, cuando el TC suspendió la primera consulta, convocada por decreto, ordenó detener todas las actuaciones relacionadas con el 9-N.
Esta primera consulta fue sustituida por un proceso participativo, que también fue suspendido por el TC en una providencia del 4 de noviembre, pero entonces, ha alegado Ortega, la organización estaba finalizada, y los voluntarios tenían todas las tareas asignadas, por lo que ha considerado que no había nada que ella pudiera paralizar.
Según fuentes judiciales, la exvicepresidenta ha argumentado ante el juez que a partir del 30 de septiembre de 2014, una vez prohibida la consulta por el TC, se paralizó totalmente el proceso convocado por decreto y los expedientes económicos relacionados con el mismo y así se comunicó a todos sus subordinados.
De esa forma, se abrió un proceso participativo distinto, sin uso de censo electoral oficial ni control y supervisión alguno por parte de los órganos de la Generalitat y estrictamente en manos de voluntarios, ha recalcado Ortega, en la misma línea de defensa que Irene Rigau ha blandido esta mañana ante el tribunal.
Así, Ortega ha asumido la responsabilidad de la organización del proceso participativo del 9-N tanto en sus actos personales como en los de sus subordinados.
Además, ha defendido que si compareció en el recinto ferial de Montjuïc para difundir los resultados del 9-N es porque consideraba que tenía la obligación de informar a la ciudadanía de un hecho "relevante" desde una perspectiva "histórica, sociológica y política".
Además, ha aducido que, desde la suspensión del TC, la web de la Generalitat "Participa 2014" que informaba del proceso no publicó ningún nuevo contenido y que si la página no se desactivó es porque ello exigía desmontar un procedimiento muy complejo que pretendía protegerla de posibles ataques informáticos.
La democristiana ha querido desmarcar a la Fiscalía Superior de Cataluña de la querella en su contra, que ha atribuido a una orden de la Fiscalía General del Estado, motivo con el que ha justificado su decisión de negarse a responder a las preguntas de los tres fiscales.
