Los otros procesos abiertos por el 'procés'

Dos años después del referéndum ilegal del 1-O, aquella jornada llena de tensión y enfrentamientos, sigue siendo investigada. No todo se ha dirimido en el Tribunal Supremo. Por un lado las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y por otro si la cúpula de los Mossos d'Esquadra incumplió la orden de impedir el referéndum con una intervención blanda y falta de efectivos ante una votación sustentada en la gran movilización preparada por los independentistas.

Entre juzgados y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña van y vienen -por su condición dudosa de aforados- diligencias sobre responsabilidades en la preparación del 1-O por parte de algunos altos cargos de la Generalitat de la época.

Las interpretaciones de un auto judicial

En un auto de cinco páginas la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas ordenaba a los tres cuerpos policiales "aunar fuerzas" para actuar conjuntamente e impedir el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional. Y añadía: "Ello pasa, necesariamente, por adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum, sin afectar a la normal convivencia ciudadana". Una frase a la que la dirección de los Mossos d'Esquadra se aferró para defender las decisiones que tomaron en el dispositivo para el 1-O: los comentados binomios de agentes uniformados, que ante las concentraciones de activistas en los centros de votación, en la mayoría de los casos, se limitaban a levantar acta, dado que era imposible que pudieran hacer otra cosa, aunque quisieran. No obstante, según sus datos, clausuraron sin incidentes unos 400 locales.

El exmayor de los Mossos, Trapero, en la Audiencia Nacional

Para la Fiscalía ese modelo de despliegue no es más que la plasmación de la subordinación de la policía catalana a los planes del Govern hacia la independencia. El principal responsable, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, cesado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, será juzgado en la Audiencia Nacional por un delito de rebelión, junto a una de sus intendentes y la cúpula del Departamento de Interior.

Mossos investigados

Juzgados de diferentes puntos de Cataluña abrieron investigaciones por el papel de los Mossos en el referéndum. Casi una veintena de diligencias, la mayoría por denuncias de particulares. Numerosos agentes han declarado ante los jueces investigados por desobediencia. La mayor parte de esas investigaciones han quedado archivadas. Algunas siguen adelante señalando a diferentes mandos de la policía autonómica. En Cornellà, Barcelona, es investigada la que fuera la cúpula de Mossos el 1-O, incluido el jefe en la etapa del 155, Ferran López. En Sabadell, Barcelona, la actual comisaria superior Cristina Manresa.

Todos ellos mirarán con sumo interés la sentencia del Tribunal Supremo. El futuro de esas investigaciones vendrá marcado, en parte, por la calificación que hace de los hechos el alto tribunal: qué hechos considera probados y qué calificación penal tienen.

Las cargas de la Policía y la Guardia Civil

Paralelamente también miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) están pasando por los juzgados, investigados por las cargas del 1-O. Los últimos en Girona, donde han asegurado que “solo realizaron las cargas para defenderse” porque "se sintieron amenazados". Estas declaraciones se enmarcan en la instrucción de la querella colectiva interpuesta por los ayuntamientos de Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva y reúne a más de 200 de las casi 300 personas que denunciaron haber resultado heridas como consecuencia de las cargas policiales. Declararon que en la jornada del referéndum ilegal actuaron en diversos colegios electorales de la ciudad de Girona, entre ellos el Col·legi Verd, el Servei Municipal d’Ocupació (SMO), el Col·legi Dalmau Carles o la biblioteca Ernest Lluch. Han negado que hubiera cargas en el Dalmau Carles y en el SMO y han sostenido que “fueron acciones reactivas a las agresiones que sufrían” y que por eso usaron las defensas contra la gente.

En el colegio Verd sí hubo, según ellos, la primera carga, que ordenó un jefe de grupo porque los agentes se veían rodeados y les agredían, y una segunda por instrucción del jefe del operativo. Según Carreras, todos los agentes del CNP que han declarado repiten un mismo esquema: que “hicieron uso proporcional de la fuerza, primero intentaron dialogar, no golpearon en la cabeza, se cargó para defenderse al ver peligrar su integridad física por las amenazas y lanzamiento de objetos y pasaron miedo”.

Hasta el momento, dentro de la querella colectiva el juzgado investiga a 35 policías por los delitos de lesiones, torturas y daños. Falta que declaren muchos de ellos y también trece de los guardia civiles que se ha identificado hasta el momento por las cargas del 1-O en Sant Julià de Ramis y Aiguaviva.

En otro juzgado de Barcelona los policías nacionales investigados afirmaron recibir instrucciones de un centro de coordinación, que denominaron "Jefatura de Unidad de Intervención". Ha motivado la imputación de ocho inspectores jefe de la Policía Nacional que dirigieron los dispositivos, por orden de la Audiencia de Barcelona, que a raíz de un recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona obligó al juez a investigar las directrices que se dieron a los agentes.