El Parlament de Cataluña da el primer paso para blindar a Laura Borràs, imputada por varios supuestos delitos

Los letrados del Parlament de Cataluña han dado este martes un primer paso para blindar en la presidencia de la Cámara a Laura Borràs, imputada por varios supuestos delitos y que podría tener que dejar el cargo si le abren un juicio oral. Los abogados proponen una reforma del reglamento que, precisamente, evitaría que Borràs perdiese su puesto en caso de ser reclamada por la justicia.

El pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó proseguir con la investigación que el Tribunal Supremo abrió a Borràs por la presunta adjudicación irregular de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, justo antes de su salto a la política a finales de 2017.

Modificación de un artículo clave

El informe que ha recibido este martes la Mesa, titulado "Propuestas jurídicas y técnicas de reforma del reglamento" consta de 244 páginas e incluye una sugerencia que podría ser clave dada la situación personal de Borràs.

En la sección dedicada a las "causas de suspensión de los derechos y deberes parlamentarios", el informe sugiere la modificación del artículo 25 del reglamento de la cámara para eliminar el apartado 4.

Este apartado -que quedaría eliminado- establece que "en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata".

También se propone eliminar la posibilidad, contemplada dentro de este mismo artículo 25, de que los diputados puedan ser suspendidos "si es firme el auto por el cual se abre juicio oral contra ellos o se acuerda su procesamiento, dada la naturaleza de los hechos imputados".

La suspensión de un diputado, en manos del Parlament

Según el razonamiento de los letrados, el apartado 4 que quedaría eliminado "no tiene ningún precedente ni referente" en el derecho parlamentario y contempla una causa de suspensión del ejercicio de un derecho fundamental -como es el de la participación política- que presenta "serias dudas de constitucionalidad respecto a la presunción de inocencia, que también es un derecho fundamental".

En su lugar, proponen otro redactado para este artículo, que establecería que "el pleno del Parlament puede acordar, por mayoría absoluta, la suspensión de los diputados" en caso de que hayan sido "condenados por sentencia firme a una pena de privación de libertad que los imposibilite asistir a las sesiones plenarias".

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