El Parlamento de Cataluña ha aprobado la ley de consultas no refrendarias y de participación ciudadana con 106 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP) y la oposición de PPC y Ciutadans (28), con lo que la normativa que el presidente catalán usará como aval para convocar el 9-N ha recabado el 78,5% de los apoyos de la Cámara catalana.
En el debate del pleno extraordinario, CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP han defendido que la nueva ley servirá para la consulta soberanista, mientras que el PSC ha dado apoyo a la normativa justificando que será útil para preguntar sobre diversos asuntos de la vida cotidiana pero dejado claro que no servirá para el 9-N y, si se usa con ese objetivo, será "un tiro en el pie" a la propia normativa.
Mientras centenares de independentistas se concentraban a las puertas del Parlament para celebrar la aprobación de la ley, en el hemiciclo PPC y Ciutadans han reprochado que los partidos soberanistas jueguen con "eufemismos" hablando de hacer una consulta para conocer la opinión de los catalanes cuando lo que quieren organizar es un "referendo encubierto" por la independencia.
A la espera de que el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publique el texto para que entre en vigor y de que el presidente Artur Mas firme después el decreto de convocatoria del 9N, el Gobierno central ya ha advertido de que la legislación no contempla la consulta, porque "las reglas son las que son".
Es la segunda ley de consultas que aprueba el Parlament: la primera es de 2010, en la última legislatura del segundo tripartito presidido por José Montilla (PSC), y regulaba las consultas refrendarias, especificando que se necesitaba el aval del Estado para materializarlas, aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) la recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC).
Según el diputado Josep Rull (CiU), el texto permitirá a los catalanes disponer "de las mejores herramientas para que la nación pueda decidir", aunque ha dicho que no es una ley hecha 'ad hoc' para el 9N. Para la diputada de ERC Gemma Calvet la norma es totalmente constitucional, y, tras proclamar que este viernes es un "día histórico", ha instado al Gobierno central a no recurrirla ante el TC.
Ferran Pedret (PSC) ha defendido el 'sí' de su partido a norma porque es una buena herramienta para promover la participación ciudadana, pero ha avisado de que en ningún caso es "el instrumento" para convocar la consulta del 9N, y que, si así se hace, supone desconocer la ley. Desde ICV-EUiA, Dolors Camats ha lamentado la actitud de quienes ven "tan problemático" para algunos preguntar a la ciudadanía, porque es básico en cualquier democracia, y ha destacado que el objetivo debe ser vertebrar una nueva manera de hacer política para acercar a representantes y representados.
El portavoz adjunto del PP en la cámara, Santi Rodríguez, ha lanzado un mensaje al PSC en su intervención: "Hágannos caso. Déjense de puñetas y voten que 'no", y ha destacado que el rechazo de su grupo es un 'sí' a la democracia. El líder de C's, Albert Rivera, ha instado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a asumir que no tiene competencias para la consulta del 9N y ha definido el texto aprobado como "un golpe al Estatut y a la Constitución".
El diputado de la CUP Quim Arrufat ha alertado de que habrá quienes "fracturarán lo que haga falta" antes de dejar que los catalanes voten; y el diputado no adscrito y exmilitante del PSC Joan Ignasi Elena ha proclamado que la norma responde al anhelo colectivo de los catalanes.
Mientras la cámara hacía este debate, partidarios y detractores de la independencia de Cataluña se han concentrado ante el Parlament coreando consignas y exhibiendo pancartas, y la tribuna de invitados del pleno se ha llenado, entre los cuales había las activistas independentistas Muriel Casals (Òmnium Cultural) y Carme Forcadell (ANC).
También han asistido a la tribuna el alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve; el de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet; el de la Diputación de Girona, Joan Giraut; el secretario general de UGT Cataluña, Josep Maria Alvarez, y el secretario general de CC.OO. Cataluña, Joan Carles Gallego.
