El Parlamento catalán aprueba que sólo se subvencione a los medios privados que hagan campaña del referéndum

El Parlamento catalán ha aprobado este jueves una moción que insta al Govern a garantizar que los medios privados que reciban subvenciones como publicidad institucional "se comprometan" a publicitar la campaña del referéndum que la Generalitat prevé el 1 de octubre.

Este punto de la moción ha salido adelante con los votos de JxSí y de la CUP, la abstención de SíQueEsPot y el rechazo del resto de grupos, y exige a los medios privados que se comprometan "a aceptar todas las campañas que lleva a cabo el ejecutivo, también las relacionadas con comunicar lo necesario para el buen funcionamiento del referéndum".

Del punto de la moción de la CUP, transaccionado con JxSí, ha decaído la parte en que los 'cupaires' proponían que esos medios se comprometieran con el fomento de la participación democrática el 1-O, aceptando la publicidad institucional "de aquello que el Govern necesite comunicar a la ciudadanía" sobre la convocatoria.

Con los mismos votos se ha aprobado que el Govern redacte y haga públicas las medidas de publicitar el referéndum en un "código de buenas prácticas y obligaciones" de los medios de comunicación que reciben dinero público. Se ha aprobado por unanimidad el punto que exige al Govern máxima transparencia en las subvenciones, publicidad institucional y subscripciones del Govern y de las empresas públicas, que reciben los medios.

Todos los grupos excepto el PP han aprobado que los medios que reciban subvenciones y publicidad cumplan la ley de igualdad hombre-mujer --por ejemplo, en las columnas y espacios de opinión--, y que se respeten los derechos laborales de sus trabajadores y, por tanto, "apliquen un convenio digno".

El Parlament aprueba por unanimidad declarar nulas las sentencias franquistas

El Parlamento catalán ha aprobado este jueves por unanimidad la ley de reparación de las víctimas del franquismo, que declara ilegales los consejos de guerra del franquismo en Cataluña y anula sus sentencias.

La ley declara ilegales los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación --posteriormente Auditoría de la IV Región Militar--, que actuaron en Cataluña desde abril de 1938 hasta diciembre de 1978.

La proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo considera ilegales esos tribunales por ser "contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo", por lo que constatan la nulidad de pleno de derecho de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas, y de los consejos de guerra dictados por el ejército franquista.