La deuda con entidades de crédito de los partidos políticos al cierre del ejercicio 2015 ascendía a 233,28 millones de euros, un 20 % más que un año antes, cuando la deuda con los bancos era de 193,92 millones de euros.
Así consta en el informe de fiscalización de los partidos políticos y sus fundaciones elaborado por el Tribunal de Cuentas correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015. Según este informe, una parte importante de esta deuda contaba con garantía hipotecaria, 117,63 millones en 2014 y 130,81 en 2015.
La deuda vencida a 31 de diciembre de 2015 representaba los 11,04 millones de euros, distribuyéndose entre Eusko Alkartasuna -0,81 millones- y Unió Democrática de Catalunya -10,23 millones. De hecho, el Tribunal de Cuentas ha detectado la existencia de varias formaciones que a cierre de los ejercicios 2014 y 2015 presentaban un patrimonio neto negativo, lo que es causa de disolución, entre las que destacan por su elevada cuantía la propia UDC, la coalición Convergència i Unió e Iniciativa per Catalunya-Verds.
El tribunal tampoco ha podido emitir una opinión en relación con la representatividad de los estados contables de UDC y de Unión Progreso y Democracia (UPyD). En el primer caso, por su situación concursal y en el segundo caso porque la formación no entregó gran parte la documentación que se le había solicitado.
A ello se suma que el Tribunal de Cuentas ha considerado que las cuentas anuales no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de formaciones como Aralar, Compromís, Bildu, CDC, EA, Izquierda Unida y PAR, en 2014, y también de Ciudadanos, en el ejercicio de 2015.
El conjunto de las formaciones políticas analizadas recibieron subvenciones por funcionamiento ordinario, otorgadas tanto a las propias formaciones como a sus grupos institucionales, por un total de 171,90 millones de euros en el ejercicio 2014 y de 160,75 millones de euros en 2015. Además, el Estado asignó una cantidad anual para sufragar los gastos de seguridad de 2,71 millones de euros en cada uno de los ejercicios.
Asimismo, las formaciones contabilizaron ingresos públicos por subvenciones electorales ascendieron a 30,86 millones en 2014 y 102,74 millones de euros en 2015, año este último en el que se celebraron elecciones autonómicas, municipales y generales.
Por su parte, los ingresos propios de las formaciones políticas representaron un total de 52,87 millones en 2014 y de 65,29 millones en el ejercicio 2015. La cuantía más importante, prácticamente la mitad, corresponde a las cuotas y aportaciones de afiliados y después las aportaciones de cargos públicos. Las donaciones privadas ascendieron a 4,49 millones en 2014 y a 6,03 millones de euros el año siguiente.
En el ejercicio 2014 se han identificado seis formaciones políticas con pagos en efectivo por importes superiores a 2.500 euros que ascienden a un total de 289.654 euros. Un año después, esos pagos en efectivo se han detectado en cuatro formaciones, por un total de 117.450 euros, lo que vulnera la ley de prevención y lucha contra el fraude.
Además, una docena de formaciones políticas no habían publicado en su página web las cuentas anuales o bien las habían publicado de forma incompleta. No todas las formaciones presentaron sus cuentas anuales en el plazo establecido. En 2014 las presentaron tarde Eusko Alkartasuna, EH Bildu e Izquierda Unida.
En 2015, volvía a ser IU la que los presentaba con seis meses de retraso. Precisamente, IU presentaba por primera vez la actividad económico-financiera del PCE y de Izquierda Abierta; sin embargo, no incorporó la actividad de otras formaciones que la integran, como Izquierda Republicana.
Respecto al activo no corriente, Coalición Canaria, ERC, PNV, PP y PSOE no han presentado el inventario completo y actualizado, al no integrar los bienes muebles e inmuebles correspondientes a todas las sedes territoriales.
Por otro lado, la mayor parte de las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos no han presentado el informe de auditoría de las cuentas anuales en el ejercicio 2014 ni en 2015, lo que, en este último ejercicio, vulnera la ley de financiación de partidos políticos
