Gallardón ha hecho este anuncio en respuesta a una interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, en la que ha explicado que "no tiene sentido" que partidos y sindicatos tengan actualmente "ese privilegio", y deben ser tratados en el Código Penal "exactamente igual" que el resto de personas jurídicas.
De este modo, según fuentes del Ministerio de Justicia, se podría perseguir penalmente a los miembros de las direcciones de partidos o sindicatos si esos órganos hubieran tomado decisiones que son constitutivas de delito.
Por otra parte, el ministro ha rechazado la petición de Díez de impedir a personas imputadas estar en listas electorales, si bien se ha mostrado dispuesto a estudiar, también en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, un mecanismo "ulterior" para establecer esa prohibición.
Una opción sería, ha dicho, la apertura de juicio oral, que supondría que "ya hay un indicio racional de criminalidad" y por tanto debería impedir a esa persona concurrir a unos comicios. La condición que finalmente se decida en la reforma de la ley servirá no sólo para impedir estar en una lista electoral sino también para cesar a un cargo público si ése es el caso, según han explicado fuentes del Ministerio de Justicia.
En el debate, Alberto Ruiz Gallardón ha explicado a Rosa Díez que lo que hace la condición de imputado es dar "garantías procesales" a quien se le aplica, pero no debe ser un "prejuicio de culpabilidad". Ha recordado en este sentido que en las querellas que se tramitan por el procedimiento abreviado, el juez siempre cita a declarar como imputados a los querellados para que puedan acudir asistidos por un letrado, lo que no significa después que acaben siendo condenados.
Sin embargo, ha lamentado, actualmente la imputación se ha convertido en "una condena social, en una precondena", y en el caso de cargos públicos se produce lo que se conoce como "condena de telediario", y eso es algo que hay que cambiar en la reforma. Por eso ha insistido en que no se puede impedir el derecho de representación de un imputado, porque supondría dejar "en manos de particulares" dicho derecho, y permitir que se utilizase de forma "torticera". "No puede ser que vivamos en un país en el que el reconocimiento de las garantías procesales sea una condena previa, hasta el punto de que se pida privar de derechos si no ha habido pena", ha añadido el ministro.
Para hacer esta reforma, ha advertido, habrá que estar "muy atentos" a la doctrina que ha dictado el Tribunal Constitucional y a los límites que marca en este sentido. Además ha recordado que en la ley de Transparencia que se está tramitando en el Congreso se modifica la ley electoral para introducir como causa de "inelegibilidad" no sólo cuando hay sanciones penales, sino también administrativas.
Rosa Díez se ha felicitado porque Gallardón haya recogido el guante lanzado por UPyD y haya accedido a estudiar algunas de sus propuestas. Y aunque el ministro no ha aceptado la idea de separar automáticamente de las listas electorales a los imputados, a Díez le ha servido la alternativa que le ha planteado.
"Se lo compro", le ha dicho al ministro la portavoz de UPyD, quien también ha reconocido que Gallardón le ha "alegrado la tarde". Antes, la portavoz de UPyD ha defendido sus propuestas para "frenar la lacra" de la corrupción, Aunque ha subrayado que la mayoría de los políticos son "honestos, sacrificados, altruistas y generosos", Díez ha reconocido que los partidos "no están tomando decisiones necesarias para separar el trigo de la paja y para que ni una sola manzana podrida estropee el resto".
