Pedro Sánchez descarta el envío de armamento a Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado por ahora el envío de armamento a Ucrania como han hecho buena parte de los socios de la UE, argumentando que España contribuye ya a través del Fondo Europeo para la Paz que destinará 450 millones a este fin.

Así lo ha indicado en una entrevista en el Telediario de 'La 1', en la que ha puesto en valor que, en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, España ya ha contribuido con ayuda humanitaria y con material de protección como cascos o chalecos antibalas, envío del que ya informó el viernes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Sánchez ha evitado aclarar si la decisión de España de no enviar armas a suelo ucraniano obedece a la postura que, en este sentido, tienen sus socios de coalición, Unidas Podemos, quienes han criticado el envío de armamento por parte de la UE y la censura de los medios rusos 'Sputnik' y 'RT'.

Sanciones a Putin

Sobre las sanciones económicas de Occidente a Vladimir Putin y los oligarcas rusos, cuyas fortunas suponen en total el 85% del PIB de dicho país, Sánchez ha asegurado que se mantendrán hasta que el presidente de Rusia ordene la salida de su ejército de Ucrania y garantice la integridad territorial y la soberanía nacional de dicho país.

Dichas medidas pasan, por el momento, por la salida del sistema del sistema de información bancaria SWIFT de varios de los principales bancos rusos y por la prohibición al Banco Central de Rusia del uso de sus reserva internacionales. También se han congelado las fortunas en el extranjero de los algunos de los oligarcas más importantes, y la UE les prohíbe viajar a Estados miembros.

"Error estratégico"

Sánchez ha asegurado asimismo que Putin cometió "un error estratégico" en su invasión de Ucrania al no haber tenido o en cuenta, o menospreciar, la "unidad" de la UE y la severidad de las sanciones adoptadas.

Por último, el mandatario socialista ha anunciado que el Gobierno tomará medidas para que los 100.000 ucranianos que residen en España puedan vivir y trabajar legalmente en el país y acceder a los servicios públicos como cualquier otro ciudadano.

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