La Fiscalía volverá a pedir prisión para el ex director de Infraestructuras de la Generalitat Josep Antoni Rosell después de que se encontraran 80.000 euros en metálico en una caja fuerte que se le atribuye, al tiempo que ha rechazado excarcelar por el momento al tesorero de CDC, Andreu Viloca.
Esta es la pretensión de Anticorrupción tras el hallazgo del dinero en la caja de caudales que se abrió la semana pasada ante el juez de El Vendrell instructor del caso de las presuntas comisiones pagadas por empresarios a CDC a cambio de adjudicaciones públicas.
En esa caja fuerte también se encontró diversa documentación, lo mismo que en siete maletines que se abrieron en presencia del juez y las partes, unos papeles que está analizando la Guardia Civil. La existencia de esa caja fuerte es uno de los motivos que llevaron a la Fiscalía a pedir al juez que ordenara el ingreso en prisión sin fianza de Rosell, al entender que era una muestra de su intención de destruir pruebas incriminatorias, pero el magistrado instructor descartó la petición de la Fiscalía y lo dejó en libertad.
En el caso de Viloca, el juez sí decretó su entrada en prisión por riesgo de destrucción de pruebas y luego su defensa recurrió esta medida y pidió su excarcelación. Sin embargo, Anticorrupción se ha opuesto en un escrito a que se le excarcele, puesto que cree que aún puede tener en su poder medios probatorios y existe el riesgo de que los destruya.
Tras el registro hace unos días de la sede de CDC, de la empresa pública Infraestructures.cat que dirigía Rosell, así como de los domicilios de este último y de Viloca, de las sedes de seis empresas y de dos ayuntamientos, la Guardia Civil tiene que analizar ahora toda la información incautada.
Los agentes también entraron en la casa en Las Rozas (Madrid) de Sergio Lerma, directivo de Oproler -una de las seis empresas registradas que supuestamente pagaron comisiones a CDC-, donde se encontraron 234.000 euros en metálico. Ahora, los investigadores se plantean pedir información a otros países, mediante comisiones rogatorias, para intentar descubrir si los implicados en este caso pudieron haber blanqueado dinero.
También esperan que, como ocurrió en otros casos como Gürtel, sean las autoridades de esos países las que informen a la justicia española de si alguno de los imputados -especialmente Viloca y Rosell- tienen capitales fuera de España. Aunque no se prevén nuevas detenciones por este caso, los investigadores sospechan que más empresas pagaron comisiones a CDC, unas 'mordidas' que no tenían por qué ajustarse a un 3 por ciento de la obra pública que recibían a cambio, sino que fluctuaban.
En el caso de estas nuevas empresas, no planean efectuar más registros sino más bien requerimientos de información, ya que se trataría en principio de contratos de menor cuantía que los analizados hasta ahora. Un juzgado de El Vendrell (Tarragona) investiga estas presuntas comisiones al partido que fundó el expresidente catalán Jordi Pujol, aunque por el momento no se han encontrado conexiones entre la fortuna encontrada a la familia Pujol en Andorra y estos pagos de empresarios.
En esta causa se apunta a una posible financiación irregular del partido nacionalista, por lo que la Fiscalía descarta unir la investigación a los casos que llevan un magistrado de la Audiencia Nacional y una juez de Barcelona sobre el origen del dinero de los Pujol. Sí podría darse el caso, según las mismas fuentes, de que la investigación a CDC acabe en la Audiencia Nacional, aunque solo si hay indicios de blanqueo de dinero en el extranjero, pero en este caso se instruiría como causa separada de la que indaga a la familia Pujol.
