Los técnicos de la empresa Recuperación Express en Gales (Reino Unido), donde la exasesora de Podemos Dina Bousselham envió su tarjeta de teléfono móvil después de recuperarla, han informado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de que el soporte estaba sin daños, pero que no pudieron recuperar el contenido. La empresa confirma que recibieron la Micro SD el 29 de septiembre de 2017 y que la había enviado la entonces pareja de Bousselham, Ricardo Sa Ferreira. Tras analizarla, explica el documento, concluyeron que la tarjeta estaba "físicamente intacta" cuando les llegó, no presentaba "cortocircuitos" y que no pudieron acceder a su contenido utilizando el software especializado de recuperación de datos que utilizan en casos como este.
¿Qué pasó?
La intención de García Castellón al solicitar esta información a la empresa Recuperación Express era averiguar la posible existencia de la comisión de un delito de daños sobre dispositivos informáticos y de un delito de apoderamiento de datos reservados de carácter personal. Todo ello porque durante la instrucción, el juez estima que desde que la tarjeta del teléfono móvil de Bousselham fue devuelta de manos de la dirección del Grupo Zeta al líder de Podemos, Pablo Iglesias, hasta que éste se la entregó a su exasesora, el dispositivo resultó dañado, ya que ella no había podido recuperar sus datos, mientras por el camino se publicó parte del contenido en medios de comunicación
La versión de Podemos
Fuentes de Podemos consultadas por Antena 3 Noticias consideran que estos nuevos datos desmienten las declaraciones ante el juez en las que se asegura que Pablo Iglesias devolvió la tarjeta dañada. Esas mismas fuentes de Podemos recuerdan que la empresa informática ofreció a la colaboradora de Iglesias otra opción para recuperar la información, pero ella no quiso porque era muy caro.
Esa es la versión de Podemos. En el auto del juez figura un informe de la sección de Ingeniería e Informática Forense que asegura que la tarjeta presenta daños físicos, porque está parcialmente quemada, y eso impide que se pueda leer su contenido. Así aparece en el auto firmado por el juez García Castellón de la Audiencia Nacional.
