Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y otros grupos de izquierda e independentistas en el Congreso, como Más País, CUP, BNG y Compromís, han registrado de nuevo una solicitud para crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el uso de tarjetas opacas por el Rey emérito, después de que la Mesa ya rechazara una petición casi idéntica. La iniciativa defiende que, más allá de la vía judicial, estos hechos son de "interés público", motivo que justifica la creación de comisiones de investigación, y cita varios ejemplos de algunas que se aprobaron sobre personas y cuestiones que no eran susceptibles de control parlamentario, uno de los motivos que a veces se han esgrimido en la Mesa del Congreso para rechazar que se investigue al Rey, que tampoco lo es. Además, cita que la Ley de 2014 que complementó la Ley del Poder Judicial estableció que los actos amparados por la inviolabilidad del monarca son "todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentara la jefatura del Estado", mientras que "los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional", si bien emplazaba a que "se precisa establecer su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial".
Cambio en la petición
Por tanto, según el texto de la solicitud, respecto a los relacionados con las tarjetas opacas "no habría debate alguno: no estarían cubiertos por ningún tipo de inviolabilidad o de irresponsabilidad y podrían ser objeto tanto de investigación judicial como política". Los grupos firmantes sostienen su tesis habitual de que sólo los actos del Rey que están refrendados por el Gobierno deben gozar de inviolabilidad, mientras que los "actos delictivos ajenos a la función constitucional" del monarca han de quedar fuera. Sin embargo, es poco probable que estos argumentos sean aceptados por la Mesa del Congreso. Rechazó la anterior, con los votos del PSOE, el PP y Vox. El crédito de estas tarjetas lo ponía un empresario mexicano y por tanto suponía un aumento de renta que no se declaró a Hacienda pero se corresponde, según la propuesta, con la regularización fiscal de 678.000 euros anunciada por los abogados de Juan Carlos. Al tratarse de hechos posteriores a la abdicación del Rey emérito en 2014, y por tanto al período en que ostentó la Jefatura del Estado, en Unidas Podemos entendían que la comisión no podía rechazarse en aras del precepto constitucional de la inviolabilidad, en el que los servicios jurídicos del Congreso y los citados partidos de la Mesa se han basado tradicionalmente para rechazar que se investigue a Juan Carlos de Borbón. Sin embargo, la petición fue rechazada. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, anunció después que el grupo pediría el informe de los letrados para denegar la solicitud, puesto que según su testimonio no lo había, o bien volvería a registrar la petición para forzar a los servicios jurídicos a presentarlo.
