Podemos se querella contra Díez-Picazo por presunta prevaricación en el fallo del Supremo sobre el impuesto en las hipotecas

Podemos ha presentado una querella contra el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo por un posible delito de prevaricación judicial por su decisión de elevar al Pleno de la Sala la jurisprudencia posterior al fallo que atribuye a los bancos y no a los particulares, la obligación de hacer frente al impuesto sobre las hipotecas.

La querella, presentada este martes ante la Sala de lo Penal del Supremo, sostiene que Díez-Picazo ha podido incurrir en un delito de prevaricación judicial al convocar el Pleno para que se ratifique o corrija la jurisprudencia sobre el mencionado impuesto de actos jurídicos documentados, después de que una sección de esta Sala Tercera fallara el pasado jueves que es el banco quien debe abonarlo, cuando en febrero el mismo tribunal sentenció que la responsabilidad correspondía al ciudadano.

Según ha explicado en los pasillos del Congreso la secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo, "hay sospechas muy fuertes sobre la legalidad" de la decisión adoptada por Díez-Picazo y por ello en la querella solicita también al Supremo la suspensión del mencionado Pleno, previsto para el próximo 5 de noviembre.

"El viernes, el presidente de la Sala Contencioso Administrativa del Supremo decide, en una situación absolutamente novedosa y desde luego extraordinaria a nuestros ojos, abocar al Pleno para que se reformulara ese fallo. No estamos de acuerdo ni siquiera con el trámite asumido por parte de Díez-Pizazo ni con las razones que pretenden justificar esa situación", ha señalado Elizo.

Además, tras recordar que la cotización de la banca en bolsa cayó tras la sentencia y remontó "estrepitósamente" el viernes, ha llamado la atención sobre el hecho de que este magistrado impartiese clase en una escuela relacionada con una asociación de banca, lo que a juicio de Elizo "repercute en la limpieza en su toma de decisiones".

"Creemos que la forma anómala de tomar la decisión, la revocación de una sentencia firme, creemos que no se contempla jurídicamente", ha añadido, para incidir en que "en bien de la ciudadanía y de la consideración de la independencia judicial" se debe "investigar cuáles han sido los hechos y por qué esa decisión tan extraordinacia" que, para Podemos, "no está sujeta a la legalidad vigente".