La pérdida de confianza que ha alegado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, ha desatado una tormenta política y ha provocado un enorme malestar entre las organizaciones de la Guardia Civil.
Antena 3 Noticias ha tenido acceso al oficio remitido por la jueza a la secretaría de Estado de Seguridad. En él la magistrada asegura que la Guardia Civil actúa como policía judicial con deber de informar sólo a ella.
La juez Carmen Medel pone en conocimiento del secretario de Estado "que desde el primer día de la investigación dio orden expresa a la policía judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido recomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas obtengan, de modo que solo se informara a esta juez".
Y añade que "cualquier nota de prensa que desde la Guardia Civil quisiera hacerse pública debería contar previamente con la autorización de esta magistrada-juez instructora, que decidirá no solo el hecho en sí de facilitar dicha nota, sino también su concreto contenido.". Puntualiza además que "la infracción de dicho deber deberá ser corregida disciplinariamente, sin prejuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar -que pudieran ser penales- cuestión esta que , hasta el momento, no le consta que se haya producido, pero que de producirse, podría dar lugar a la correspondiente investigación por arte de este juzgado. Todo ello se pone en su conocimiento a los efectos oportunos."
Durísimas acusaciones de las organizaciones de la guardia civil
Las asociaciones de la Guardia Civil se han mostrado muy duras con el ministro Marlaska por el cese de Diego Pérez de los Cobos. Recuerdan precisamente que los agentes no pueden informar al gobierno de las investigaciones como recoge el artículo 15 del real decreto de 19 de junio de 1987 sobre policía judicial.
Las asociaciones creen que ha sido apartado por no informar a Interior de la investigación sobre el 8M tras la denuncia de un particular. Aseguran que en ese tipo de diligencias la guardia civil actúa como policía judicial, una figura regulada en el Real Decreto 769/1987 de 19 de junio que establece que "la policía judicial depende de los Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la Ley establezca".
Recuerdan que por lo tanto los agentes no podían informar ni a su superior ni al ministerio del interior. Y añaden que es la forma de garantizar la separación de poderes.
En la investigación se está analizando la gestión que hizo el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco. Según fuentes próximas al instituto armado, el cese de Diego Pérez de los Cobos puede estar motivado por ese informe que la Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que investiga al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por autorizar las manifestaciones del 8M del Día de la Mujer, cuando ya había brotes de coronavirus.
Poco después de que se conociera la destitución del jefe de la comandancia madrileña, Diego Pérez de los Cobos, se supo que ese juzgado ha citado como investigado a Franco y a otros responsables de la Delegación del Gobierno madrileña.
