En el caso Cursach se investiga, entre otras muchas cosas, una presunta trama de connivencia entre responsables de discotecas y locales de ocio y policías locales de Palma y Calvià para favorecer a los negocios del empresario, dominador durante décadas de la noche mallorquina.
En este entramado habrían participado, presuntamente, políticos como el delegado del Gobierno y exconseller de Interior José María Rodríguez, y el que fuera su mano derecha en el Ayuntamiento de Palma y hoy diputado sin partido Álvaro Gijón. Ambos están apartados del PP.
Pero además, en torno a Cursach hay episodios de agresiones e intimidación a testigos protegidos por parte de empleados del grupo empresarial, algunos de ellos juzgados y condenados pero también absueltos en otros casos. Varios de estos testigos supuestamente anónimos, cuyas identidades han corrido de boca en boca, han relatado en el juzgado que el magnate compensaba con fiestas con prostitutas, champán y cocaína a policías y políticos que favorecían sus negocios.
El juez que inició la investigación, Manuel Penalva, quedó apartado del caso "por pérdida de apariencia de imparcialidad" tras ser recusado por dos de los investigados. Antes había sido objeto de manifestaciones a la puerta de su juzgado en las que cientos de personas, muchos de ellos empleados de Cursach, encabezadas por un letrado personado en la causa, le acusaban de corrupto tanto a él como al fiscal Miguel Ángel Subirán, quienes también fueron objeto de querellas por supuesta animosidad contra Cursach y algunos de los policías investigados.
El propio empresario, liberado el pasado abril tras 13 meses en prisión preventiva tras pagar 1 millón de euros, fue juzgado y condenado en junio a 8 meses de cárcel por tener una escopeta bajo la cama sin contar con licencia de armas.
El sustituto del instructor inicial es Miguel Florit, que firmó la orden de intervención de los teléfonos móviles y los equipos informáticos de los redactores de Diario de Mallorca y Europa Press que ha generado críticas de las agrupaciones de periodistas.
Este magistrado separó la investigación principal en dos piezas y ordenó que continuará como procedimiento abreviado contra Cursach y otras 23 personas la parte relativa a posibles delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, prevaricación, coacciones, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos y tráfico de drogas, pero la Audiencia Provincial, en atención a dos recursos, determinó que continuara unida a la causa matriz.
El episodio del martes se enmarca en una investigación aún secreta que tiene su origen en sendas querellas de Cursach y su número dos, Bartolomé Sbert, por la publicación en junio de un informe policial que atribuía al grupo empresarial un fraude fiscal de decenas de millones de euros, algo que la Agencia Tributaria ha desmentido en otro informe.
