Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles han celebrado la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de avalar las devoluciones en caliente, pero han exigido al Ministerio del Interior un protocolo que clarifique cómo deben actuar los agentes ante la entrada irregular de inmigrantes. La sentencia respalda las devoluciones en caliente a Marruecos de dos inmigrantes que saltaron la valla de Melilla porque "se pusieron en situación de ilegalidad" recurriendo "a la fuerza".
Tras conocer el fallo, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, ha señalado que la decisión de la Gran Sala debe implicar un cambio en la legislación en materia migratoria que clarifique "el protocolo de actuación de los agentes" frente a la entrada irregular de personas a España. De esta forma, opina que hay que dotar de mayor garantía jurídica al trabajo de los guardias civiles y proteger las fronteras "eficazmente", garantizando al mismo tiempo los derechos humanos de los inmigrantes. Mientras, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha celebrado la sentencia, que supone "un hito por cuanto refuerza la seguridad jurídica" de los agentes "frente a las avalanchas de inmigrantes que tratan de rebasar ilegalmente la frontera de Ceuta y Melilla". Y va más lejos al asegurar que el fallo es "el testimonio incontestable de que las actuaciones frente a las avalanchas de inmigrantes son proporcionadas, oportunas, jurídicamente impecables y respetuosas con la legalidad europea y el código de fronteras Schengen".
Normativa poco clara
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha recordado que esta organización ha denunciado en numerosas ocasiones que los agentes son "los grandes sufridores" de las "devoluciones en caliente", que parten de una normativa "de difícil interpretación". Ha dejado claro que respeta la decisión del TEDH, pero insiste en que la sentencia debe servir para que Interior redacte un protocolo de actuación que "evite que se cuestionen las actuaciones de los guardias civiles y, por supuesto, garantice la legitimidad de sus actuaciones". Independientes de la Guardia Civil (IGC), por su parte, ha opinado que la resolución es consecuencia del régimen jurídico interno e internacional y de los convenios y tratados internacionales suscritos por España y por la Unión Europea. Esta asociación recuerda que los agentes deben impedir la entrada de las personas que quieren hacerlo de forma irregular, pero insiste en que la Guardia Civil se pondrá "al servicio del interés general" si se establecen formas de entrada por razones humanitarias o económicas. La Asociación pro Guardia Civil (Aprogc) ha recibido con "satisfacción" la sentencia y señala que llevan años "clamando en el desierto, contra viento y marea, defendiendo que las actuaciones de los guardias civiles son legales". "Por enésima vez los tribunales nos vuelven a dar la razón", apostilla. Aprogc reitera su propuesta de un Pacto de Estado de Inmigración en torno al Acuerdo de Readmisión de 1992 firmado con Marruecos, que permita que los inmigrantes "sean identificados, asistidos sanitariamente, atendidos por un abogado, estudiar la eventual petición de asilo y, dado el caso, ponerlos en frontera en el menor tiempo posible".
