Los nueve líderes independentistas recibieron 2.300 visitas de autoridades en las cárceles catalanas en 2018, en el medio año que estuvieron en prisión preventiva esperando el juicio en el Tribunal Supremo. La cifra ha trascendido durante la comparecencia del fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, en la comisión de Justicia del Parlament, después de que el diputado de JxCat en el Parlament Eusebi Campdepadrós, afeara el "sesgo ideológico" del Ministerio Público en un informe de vigilancia penitenciaria que recogía como situaciones anómalas las manifestaciones y las visitas de autoridades.
Bañeres, que ha comparecido junto al teniente fiscal, Pedro Ariche, le ha respondido que no hay ningún sesgo ideológico en la Fiscalía y que el fiscal de vigilancia penitenciaria incluyó la cifra de visitas -que puede ir desde un concejal o cargo local hasta el presidente de la Generalitat- porque "llama la atención" y puede alterar el régimen de la prisión. Sobre la oposición de la Fiscalía a conceder permisos penitenciarios a presos como el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y a la aplicación del artículo 100.2, Bañeres ha defendido el fiscal "no tiene otra misión que actuar conforme a como actuaría como cualquier otro interno". Ha detallado que para poder obtener beneficios penitenciarios se debe aceptar que se ha cometido el delito y que no se reincidirá, además de añadir que "no es frecuente en penas largas privativas de libertad propiciar estos permisos a tan pronto cumplimiento de la pena". Sin embargo, ha negado que el fiscal busque que los presos condenados por impulsar el 1-O renuncien a un "credo, ideología o posición política". Además, en relación a la clasificación de los presos y la aplicación del 100.2 que permite flexibilizar el régimen penitenciario, ha añadido que, de considerarse que estos internos ya estaban en condiciones de estar en libertad, "lo razonable hubiera sido un tercer grado".
