La portavoz de JxCat, Laura Borràs, no acude a declarar al Tribunal Supremo

La portavoz de JxCAT en el Congreso, Laura Borrás, ha anunciado que no acudirá a declarar al Tribunal Supremo, que la investiga por la adjudicación presuntamente irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En su cuenta oficial de Twitter, la diputada y portavoz parlamentaria de JxCAT explica que ir a declarar "implicaría validar todas las irregularidades que hace más de un año estoy denunciando", prosigue, antes de añadir que la causa "ha vulnerado mis derechos desde el primer día". El Supremo había citado a Borrás para que acudiera de forma "voluntaria" para informarle de las diligencias abiertas contra ella y para tomarle declaración, "si a su derecho conviene", y en calidad de imputada por los delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental.

Contratos fraccionados para un amigo

La diputada de JxCAT, y por tanto aforada, está investigada por un caso que comenzó en el juzgado de instrucción 9 de Barcelona, cuando dirigía la ILC, y en él se trata de averiguar si "adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria" contratos a Isaías Herrero, un programador informático amigo suyo. La Fiscalía ya instó al magistrado instructor, Eduardo de Porres, a pedir un suplicatorio al Congreso de los Diputados si no asiste. En un hilo en la cuenta de Twitter, Borrás ha defendido su gestión al frente del ILC, y asegura estar "muy orgullosa del trabajo hecho con los contratos que son objeto de investigación", con los que, afirma, "se hizo un trabajo pionero y muy bien valorado por los usuarios". "Esta causa no hubiera existido nunca si no fuera una conocida independentista", ha añadido. Sin embargo, según la tesis de la jueza que derivó la causa al Supremo, desde la institución que dirigía Borrás, se procedió, de acuerdo con Herrero, a fraccionar contratos de servicios informáticos "reflejando importes y conceptos inventados", siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros para hacer una adjudicación directa. El total adjudicado a Herrero o a las entidades tras las que se ocultaba ascendió presuntamente a 259.863 euros. Borrás, por su parte, siempre ha negado haberse embolsado "ni un solo céntimo de dinero público" o haber cometido "ningún delito".