Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 encarrilan su aprobación en el Congreso sin ninguna dificultad. Ciudadanos queda fuera de la ecuación, como era previsible. Y el Gobierno Sánchez-Iglesias reafirma su amplia mayoría parlamentaria gracias al apoyo de los independentistas catalanes y vascos, a cambio de una amplia lista de contrapartidas.
"Sánchez ha preferido coger la mano de Otegi y de Junqueras", así argumentaba la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, su negativa a apoyar los Presupuestos Generales del Estado 2021 del Gobierno. Considera que se trata de unas cuentas radicales y sometidos a contrapartidas nacionalistas "intolerables" para un "partido de centro, liberal y moderado" como Ciudadanos.
El 'no' de Ciudadanos no afecta a la aprobación final de los Presupuestos, prevista para el 29 de diciembre en la Cámara Baja, que parece garantizada con los apoyos del PNV, ERC y Compromís, y también Bildu que tiene previsto votar a favor.
Superado el trámite del debate de las más de 3.900 enmiendas al articulado y a las secciones durante tres días en la Comisión de Presupuestos, las cuentas se someterán la semana que viene al examen del pleno del Congreso antes de remitirse al Senado.
Esta mayoría para aprobar los presupuestos ha sido celebrada por el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, porque "cristaliza" los votos que permitirán hacer las políticas "correctas".
El camino hacia los Presupuestos
El PNV fue sido el primero en dar esta semana su apoyo claro a los presupuestos, tras valorar que se hayan incluido la mitad de sus propuestas. Dos días después, fue ERC que hizo público su acuerdo presupuestario: levantar el control financiero y la fiscalización de las finanzas de la Generalitat y armonizar el impuesto de patrimonio entre comunidades autónomas.
Un acuerdo que ha desatado una guerra fiscal entre Madrid y Cataluña, así como la famosa enmienda para paralizar los desahucios, se ha colado en el debate presupuestario, que también ha estado marcado por las críticas de la mayoría de los partidos, especialmente del PP y de Coalición Canaria, a los vetos impuestos por el Ejecutivo a muchas de las enmiendas registradas.
