El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado dos autos en los que propone juzgar a varios exdirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que formaba parte de CiU, por el llamado 'caso del 3%'.
Se trata de los exgerentes Daniel Osácar, Andreu Viloca y Germá Gordó; el exresponsable jurídico de esta formación Francesc Xavier Sánchez Vera, y otras 28 personas físicas y 16 jurídicas, por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales como integrantes de una estructura puesta en marcha para financiar al partido “ilegalmente y en forma encubierta”.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado dirige el proceso, además de contra varios cargos políticos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, contra la formación política CDC, el PdeCat, las sociedades TeyCo, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras o Copisa, entre otras, y archiva la causa para cinco personas físicas y una jurídica. El auto pone fin a una investigación que se inició en 2015 en relación con determinadas actuaciones irregulares de personas vinculadas al Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) y que ha concluido con esta resolución en la que el juez describe la operativa desplegada por los investigados.
Así, señala que altos cargos de CDC, en connivencia con responsables públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con distintos empresarios, pusieron en marcha esa estructura.
En lo más alto de la organización, el juez incluye a Gordó, Osácar y Viloca, quienes llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes administraciones del ámbito territorial catalán, todas bajo la esfera de poder de CDC, e “influían en sus responsables a fin de conseguir que fueran adjudicadas a las empresas conniventes o asociadas a este pacto criminal”. Ellos, según el juez, llevaban las cuentas, materializaban el seguimiento de deudas pendientes, en las adjudicaciones dadas y “por supuesto recibían los pagos”.
En un segundo escalón, el magistrado sitúa a las autoridades de estas administraciones que, de acuerdo con los responsables del partido político CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraron efectivamente concursos públicos con la finalidad de "dirigir" los mismos hacia las compañías de los empresarios conniventes. En el tercer escalón, incluye al grupo de los empresarios que, sistemáticamente, se concertaron con altos cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas al partido.
