Procesados 16 guardias civiles por la muerte de inmigrantes en la frontera de Ceuta en 2014

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha acordado procesar por un presunto delito de homicidio imprudente a los 16 guardias civiles investigados por su actuación el 6 de febrero de 2014, cuando al menos 14 migrantes perecieron al intentar acceder a España bordeando a nado el espigón ceutí de El Tarajal mientras las fuerzas de seguridad desplegaban medios antidisturbios para tratar de impedirlo

La instructora ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado -equivalente al procesamiento en las causas con sumario-, lo que pone fin a la instrucción y enfila el procedimiento hacia la apertura de juicio oral, con los agentes imputados además por presuntos delitos de lesiones y prevaricación. En enero de 2017 y en agosto de 2018 la magistrada había ordenado el sobreseimiento de la causa, pero ambas resoluciones fueron rechazadas por la Audiencia Provincial, que entendió que "ante un supuesto de un calado humano, social y jurídico tan grande como el que nos ocupa" no debían escatimarse esfuerzos "de cara a agotar las diligencias indagatorias necesarias y así lograr llevar a cabo la investigación suficiente y eficaz que es requerida".

UNA INTERVENCIÓN POLÉMICA

Durante el último año se ha interrogado a dos testigos supervivientes de los hechos. Una mujer localizada en Alemania declaró por videoconferencia que llegó hasta la línea de costa con un chaleco salvavidas artesanal fabricado con botellas vacías de agua y que, al adentrarse en el mar, varios migrantes le instaron a salir de nuevo porque la Guardia Civil había colocado una embarcación como barrera. Otro migrante localizado en Madrid abundó en que el grupo de cientos de indocumentados se arrojó de madrugada al agua, donde habrían recibido el lanzamiento, según su declaración, de "cartuchos rojos" y "botes de humo o gases" que les "desconcertaron". También dijo que "dos embarcaciones" del Instituto Armado se dispusieron en el agua para impedir su avance. La magistrada renunció hace unos días a volver a intentar tomar declaración a un tercer testigo hallado en Alemania al que no se pudo escuchar a finales de agosto por "problemas técnicos" y dio por terminadas las diligencias pendientes. En la causa están personadas como acusaciones (además del Ministerio Público) la Asociación Comité René Cassin, Sociedad Humana, Coordinadora de Barrios, Observatorio de Drets Humans, Pro Derechos Humanos de España y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Se cierra por fin la fase se investigación y se da traslado a las acusaciones para que presenten sus escritos en un plazo de diez días. Será entonces cuando la Fiscalía expresará su posición, pues en caso de que decidiese no ejercer la acusación la causa podría no llegar a juicio en aplicación de la denominada 'doctrina Botín', tal y como han apuntado fuentes jurídicas. Los abogados de los guardias entienden que debe procederse al sobreseimiento libre de la causa "toda vez que no existen indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa, sin que se haya cometido delito alguno a pesar de la intencionalidad clara de las acusaciones particulares". "Los miembros de Guardia Civil cumplieron con su deber de impermeabilizar la frontera, y no puede considerarse esto como constitutivo de infracción criminal", han apuntado en sus últimos escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press.