El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha anunciado este martes que aprovechará sus enmiendas a la ley de abdicación que el Congreso discutirá el miércoles 11 de junio para forzar una votación sobre la convocatoria de un referéndum que permita a los ciudadanos decidir si quieren que España siga siendo una monarquía parlamentaria o prefieren que se convierta en una república.
Así lo ha avanzado el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces en la que, con el voto en contra de su formación, se ha acordado que la discusión del proyecto aprobado este martes por el Gobierno sea el único punto del orden del día del Pleno del próximo miércoles.
El diputado de IU y secretario general del Partido Comunista de España (PCE) ha insistido en que la convocatoria de un referéndum sobre el modelo de Estado es "legal, constitucional y posible" y que, tras la abdicación del Rey, ha llegado el momento de "dar la palabra a los ciudadanos".
Esta será la postura que defenderá la Izquierda Plural en el único debate sobre el articulado de la ley aprobada por el Gobierno que tendrá lugar en el Congreso porque quiere, según ha explicado Centella, que los grupos no sólo se pronuncien sobre si apoyan el trámite de la abdicación, sino que además se retraten al votar sobre la posibilidad de convocar un referéndum que "es lo que quieren la mayoría de los españoles".
"Es un momento importante donde nos la jugamos porque se puede producir la quiebra definitiva entre la sociedad y el Parlamento", ha advertido, antes de acusar a los grupos que rechazan la consulta de estar contribuyendo a "dar un golpe casi definitivo a la credibilidad de la institución".
"El Parlamento tiene que tener el protagonismo y, de lo que nosotros depende, lo va a tener", ha garantizado, a la vez que ha denunciado que tanto el Gobierno como el Rey han "ninguneado" a las Cortes al decidir que el Monarca comunicara su decisión al jefe del Ejecutivo y no al presidente del Congreso.
En la misma línea, el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, ha protestado por el hecho de que ante, las exigencias de cambio que se vieron en las urnas en las elecciones europeas, el "bipartidismo" haya respondido "con un recambio, tapando la boca a los ciudadanos y negándoles el derecho a decidir democráticamente".
Desde su punto de vista, hay que "aprovechar la oportunidad que brinda la abdicación del Rey" para permitir a los ciudadanos "dar su veredicto" sobre la que consideran "la mejor forma de Estado". Además, ha resaltado que la fórmula del referéndum la respalda el 70 por ciento de los españoles y es la que une tanto a los republicanos como a los monárquicos.
De su lado, la diputada del BNG Rosana Pérez ha confirmado que su partido también planteará una enmienda de totalidad al texto del Gobierno porque entiende que tanto las elecciones europeas como las movilizaciones de este lunes en distintas ciudades españolas pidiendo un referéndum sobre la Monarquía evidenciaron que la ciudadanía "no está dispuesta" a seguir participando de una democracia "formal" para votar sólo cada cuatro años.
Según ha subrayado, los nacionalistas gallegos apuestan por un proceso constituyente donde, "sin duda alguna", se contemple la plurinacionalidad del Estado y se reconozca el derecho a decidir de las tres "naciones" reconocidas como nacionalidades históricas en la Constitución.
Desde Amaiur, el diputado Jon Iñarritu ha avanzado que la coalición abertzale participará en el debate de la ley orgánica, pero no en la votación y está por ver si estarán presentes el día de la proclamación de Felipe VI. "No tiene pinta", ha reconocido, justificando su posición en que no se sienten ciudadanos de España.
En todo caso, sí ha criticado el intento del Gobierno de "oxigenar" la crisis institucional que sufre el Estado tratando de continuar "con ese viejo modelo de Jefatura del Estado reinstaurado por la dictadura franquista" en un momento en el que "naciones" como Euskadi, Cataluña y Galicia están reclamando su derecho a decidir y en el que la sociedad española exige poder elegir democráticamente a su Rey y su modelo de Estado.
