Los alcaldes socialistas pondrán en marcha iniciativas en contra de las entidades financieras que mantengan los desahucios, por ejemplo la retirada de depósitos municipales, una vía que ya ha probado con éxito Santa Cruz de Tenerife, y negarán la colaboración de las policías locales en los procesos de desalojos.
Se trata de algunas de las medidas recogidas en una declaración firmada por casi medio centenar de alcaldes del PSOE, reunidos en la sede madrileña de la calle Ferraz con la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano; la secretaria de Política Económica y Empleo, Inmaculada Rodríguez Piñero, y otros miembros de la Ejecutiva Federal, para abordar el problema de los desahucios.
Uno de los primeros ayuntamientos en tomar este tipo de medidas en España fue el de Santa Cruz de Tenerife, cuyo equipo de gobierno (CC-PSOE) frenó hace semanas el desahucio de una ciudadana en huelga de hambre tras retirar del banco involucrado 1,5 millones tras comprobar que este ni siquiera respondía a sus ofertas de mediación.
En la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal del PSOE, Valenciano -acompañada por los regidores de Toledo, Emiliano García-Page, y el de Vigo, Abel Caballero- ha dejado claro que los socialistas van a hacer todo lo que esté en su mano desde el partido y desde las instituciones en las que gobierna "para que ninguna familia española se quede sin techo".
Tras subrayar que se trata de que se paralicen todos los desahucios hasta que haya una nueva ley y no sólo los que contempla la moratoria del Gobierno, ha precisado que no están pidiendo "actos caritativos", porque el problema de los desahucios se ha generalizado a gran parte de la clase media.
También ha advertido de que hasta ahora ha funcionado la red de solidaridad de las familias, pero hay muchas que "ya no pueden más" y se están "resquebrajando". "Y estamos hablando de derechos, no de caridad. Esto es lo que la derecha de momento parece no entender", ha apostillado, para señalar a renglón seguido en que el PSOE no quiere parches como los que ha ofrecido el Ejecutivo, sino soluciones que arreglen el problema de fondo.
Tanto Abel Caballero como García-Page han insistido en el papel de control que deben ejercer los ayuntamientos para frenar los desahucios, con medidas que ya se están poniendo en marcha "y en algún caso con éxito" como el asesoramiento legal a los afectados, programas de mediación y renegociación de la deuda hipotecaria o la puesta en marcha de parques públicos de viviendas de alquiler.
También García-Page ha reiterado que los ayuntamientos deben ser la administración que "más presione" para que se modifique de manera contundente la legislación hipotecaria, para lo que se deben "condicionar las relaciones financieras de las entidades municipales con los bancos en función de los criterios que están pidiendo los ciudadanos".
Los alcaldes socialistas se han comprometido además a crear oficinas de orientación y asesoramiento y grupos de trabajo que busquen alternativas para las personas afectadas, así como a elaborar registros de familias desahuciadas y en riesgo de estarlo.
También plantearán la reducción de la cuota tributaria del impuesto de plusvalía para las personas que pierdan su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación en pago.
Para ello, el PSOE desplegará una intensa agenda de contactos con todos los agentes implicados en este "terrible drama" y ha decidido empezar por los alcaldes, que "no se van a quedar quietos" ante una situación "profundamente injusta".
Sobre el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, ha considerado que es "menos que un parche", aunque ha confiado en que pueda mejorarse notablemente durante su tramitación como proyecto de ley.
