La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha informado en rueda de prensa de esta petición y ha explicado que para que se apruebe esta comisión han reclamado la celebración de un pleno extraordinario y urgente de la Cámara. Según el PSOE, la "abrumadora evidencia" de una supuesta contabilidad B en el PP le lleva a pensar que ese partido ha vivido durante más de 20 años bajo el amparo de un sistema de financiación ilegal y que ha concurrido a las elecciones con una posición de ventaja financiera, apoyado en unos recursos económicos de los que no daba cuenta a los ciudadanos ni a los órganos de control.
Por eso, ha dicho Rodríguez, la comisión está destinada a "conocer la verdad" sobre esa supuesta financiación ilegal del PP e investigar la trama de corrupción relacionada con el caso Bárcenas y la contabilidad B, en la que, al parecer, figuraban ingresos a cargo de personas y empresas que habrían resultado beneficiadas por adjudicaciones de las administraciones gestionadas por el PP.
Las funciones de la comisión serían averiguar si hubo una contabilidad B en el PP paralela a la oficial, nutrida de donaciones irregulares y otros métodos de financiación que habría facilitado el pago en efectivo y de forma "absolutamente opaca" de sobresueldos a sus dirigentes, según consta en el texto de la solicitud.
Del mismo modo, los socialistas quieren que el Congreso investigue la presunta connivencia entre los responsables de esa contabilidad y los dirigentes del PP, especialmente con Rajoy. Además, la comisión tendría que esclarecer también si Rajoy y otros altos cargos percibieron retribuciones complementarias mientras eran ministros del Gobierno de José María Aznar, algo expresamente prohibido por ley, y si otros parlamentarios del PP cobraron dinero no declarado e incompatible con los puestos de diputados o senadores.
Otro de los aspectos de los que tendría que ocuparse la comisión es de saber si se incumplió la legislación sobre financiación de campañas electorales y, en su caso, los comicios concretos que podrían haberse visto afectados. La comisión, que debería desarrollar sus trabajos en el plazo de tres meses, estaría compuesta por tres representantes del PP y otros tres del PSOE y por un representante del resto de grupos.
