PSOE y Podemos fuerzan los plazos en el Congreso para suprimir la sedición antes de final de año

En menos de cinco semanas termina el año. Un mes en el que la agenda del Congreso de los Diputados se reduce aún más. Con el puente de diciembre y la Navidad en el calendario, la Cámara Baja solo celebrará –salvo sorpresa- tres sesiones plenarias más en lo que queda de 2022. Estos tres plenos prevén las últimas sesiones de control al Gobierno, una comparecencia urgente del ministro Fernando Grande-Marlaska para dar cuenta de lo ocurrido en Melilla el pasado junio, otra del presidente Pedro Sánchez tras el próximo Consejo Europeo y numerosos debates sobre leyes de calado.

En resumidas cuentas, pocos días y muchas iniciativas que sacar adelante. Para el Gobierno y alguno de sus socios algunas son de especial relevancia. Es el caso de la propuesta presentada por el Partido Socialista y Unidas Podemos para eliminar el delito de sedición y modificar el de desórdenes públicos. La reforma del Código Penal llegó al Congreso hace dos semanas y hace solo unos días la Cámara ha votado a favor para arrancar su tramitación. Ha sido este pasado jueves 24 de noviembre. Nada más aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el próximo 2023, el hemiciclo acogió un segundo pleno en el que los diputados tuvieron que votar uno a uno y a viva voz si aceptaban o no la toma en consideración de esta reforma. El proyecto consiguió 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones.

Tramité por vía de urgencia

Los dos socios de coalición quieren que la reforma del delito de sedición esté lista cuanto antes para evitar que la sedición acapare futuras citas electorales. Así que, a poder ser, la intención es que entre en vigor antes de que empiece el 2023. Por eso han solicitado a la Mesa del Congreso, el órgano que arbitra la labor parlamentaria, que se tramite "por vía de urgencia". De esta forma, el Congreso acelera su maquinaria para sacar adelante cualquier propuesta en menos tiempo de lo habitual. Los plazos se recortan a la mitad, los justos y necesario que permite el Reglamento de la cámara.

En cuanto la proposición de ley vuelva a pasar esta misma semana por la Mesa, comenzarán los pasos habituales en estos casos. Los grupos tendrán 7 días para presentar enmiendas de totalidad al texto del PSOE y Podemos (por las que se opondrían al conjunto de proyecto). Terminado el plazo la cámara deberá debatir y votar si acepta esas enmiendas a la totalidad o, por el contrario, permite continuar el trámite de la norma. En el primero de los casos, la reforma del delito de sedición no saldría adelante. Pero el Gobierno cuenta de antemano con el apoyo de sus socios habituales. Y como pasó en el primer debate de la reforma la semana pasada, parece improbable que esto ocurra. Por lo tanto, la ley continuaría su trámite y se enfrentaría a segundo desafío. Las enmiendas parciales.

La malversación, pendiente de una enmienda de ERC

Superado el debate de las enmiendas a la totalidad, los grupos tendrán de nuevo 7 días para presentar enmiendas parciales (es decir, solicitar la supresión o modificación de algún detalle concreto del texto) y pasar a su debate final. Bien sea en comisión o, de nuevo, en un pleno. Para que eso ocurriese antes del 31 de diciembre, sería necesario que la Mesa del Congreso permitiese celebrarlo entre Nochebuena y Nochevieja. Esa semana, la agenda de la cámara está vacía para que los 349 diputados puedan ir a casa por Navidad. Pero dadas las prisas del Gobierno, debería ser necesario un pleno extraordinario para votar definitivamente la reforma de la sedición.

Al Gobierno se le complica el camino para cumplir sus plazos autoimpuestos. Y no solo por culpa del calendario. Sino también por los planes de sus socios. Esquerra Republicana llevan avisando en las últimas semanas sus intenciones de unir a la reforma del delito de sedición, también la modificación del delito de malversación. Según fuentes de ERC, las intenciones iniciales eran abrir esa vía mediante una enmienda parcial a esta proposición de ley.

A día de hoy, sigue siendo una incógnita si finalmente cumplirán con su propuesta. Nada más hacerse público, la oposición en bloque y muchos de los socios del propio ejecutivo han alertado de la complejidad de cambiar el delito de malversación. El más mínimo error podía beneficiar a políticos condenados por corrupción de todos los partidos, sin excepción. Corruptos condenados en casos tan sonados como los de ERE, Gürtel, Nóos o el 3%. Y eso, a nadie de conviene. Ni siquiera a Esquerra que durante décadas ha llevado como parte del ADN su rechazo a las corruptelas de Convergència en Cataluña.

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