Código Penal

El PSOE prepara una proposición de ley con el mismo contenido que la vetada por el TC y que será tramitada por vía de urgencia

Tiene previsto registrar una proposición de ley que incluya el mismo contenido que ha vetado el Tribunal Constitucional.

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La reforma judicial continúa en la agenda del Gobierno. Todo parece indicar que el Partido Socialista está trabajando en un alternativa para evitar que se paralice la reforma exprés. Según fuentes parlamentarias estaría preparando una proposición de ley con que la que puedan desbloquear y renovar los Órganos Judiciales. Su intención es acortar al máximo los plazos, por ese motivo, pretenden registrarla esta misma semana y tramitarla por vía de urgencia.

Por su parte, el Gobierno continúa criticando la decisión del Constitucional. Según palabras de la vicepresidenta Calviño: "Es una falta de respeto de los propios miembros de estas instituciones que no están ayudando a que se produzca un normal relevo". Aunque desde Moncloa han rebajado los calificativos y ya no hablan de complot. Ahora apelan a la serenidad.

Según ha sabido Antena 3 Noticias, el Tribunal Constitucional no se planteó ni en la deliberación del lunes, ni en los días previos un acercamiento entre los sectores conservador y progresista del tribunal. Los progresistas consideran que los conservadores tenían la decisión tomada de antemano, por su parte, los conservadores aseguran que Moncloa quería que se visualizara la fractura en el Tribunal, con un seis a cinco, y dicen que se pretendía atropellar al Constitucional.

Bruselas da la razón al TC

Otro aspecto en esta crisis es lo que opina Bruselas. La Comisión Europea ha recordado al Gobierno español que las reformas de calado se deben realizar haciendo consultas previas con todas las partes implicadas, tal y como ha dicho el Tribunal Constitucional, y al contrario de lo que ha hecho Moncloa en este caso. Desde Bruselas piden que se respeten las reglas.

Pero será en el Senado este jueves cuando se vote la reforma del Código Penal que pretende eliminar el delito de sedición y modificar el de malversación pero, esta vez, sin las enmiendas paralizadas por el Constitucional.

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