El PSOE propone que las menores víctimas de violencia machista no necesiten el consentimiento paterno para abortar

El PSOE ha propuesto en uno de los votos particulares al informe de la Subcomisión del Congreso para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que las menores de dieciocho años víctimas de violencia de género o intrafamiliar no necesiten el consentimiento de los progenitores para abortar. Para ello, plantea modificar la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y que esta protección sea extensiva a las mujeres que se encuentren en situación de desarraigo, desamparo u otras circunstancias de vulnerabilidad.

En total, los grupos parlamentarios PSOE, Podemos, Ciudadanos y Compromís han registrado este jueves 27 de julio hasta 63 votos particulares al informe con 212 medidas para combatir la violencia machista, que fue aprobado el pasado lunes 24 de julio en la subcomisión del Congreso y que tendrá que ser ratificado este viernes en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja.

Por su parte, PP, PNV y PDCat no presentarán votos particulares. En concreto, el PSOE propone, entre una veintena de votos particulares, que los juzgados de violencia de género tengan competencia para todo aquello que tenga que ver con procedimientos civiles de restitución o retorno de menores cuando son casos relacionados con la violencia de género y crear un grupo de análisis que estudie qué leyes sería necesario modificar. Según ha precisado la portavoz de Igualdad del PSOE, Angeles Alvarez, si la competencia fuera de estos juzgados, "hoy no se estaría viendo la situación que está padeciendo esta mujer de Granada", víctima de violencia machista que debía entregar este jueves a sus hijos al padre, y que se encuentra en paradero desconocido.

Asimismo, plantea la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la dispensa a declarar contra su agresor, para "restringirlo" en los casos de violencia de género. También sugiere que la renta activa de inserción que cobran las mujeres víctimas de violencia machista cotice a efectos de seguridad social para posibilitar acceso a la pensión de jubilación; y que se cree un registro de sentencias por impago de alimentos y se considere este impago así como el control de los ingresos familiares como "violencia patrimonial". Igualmente, insta a incluir la explotación reproductiva como una forma de violencia contra las mujeres y vincular "de forma directa" prostitución y trata con fines de explotación sexual.

En este sentido, el PSOE quiere avanzar hacia una legislación en la que se sancione la demanda y la compra de prostitución. Además, propone crear unidades de violencia de género en todos los puestos de la Guardia Civil. Por otra parte, sugiere una corrección terminológica a propuesta del CERMI cambiando en el documento 'diversidad funcional' por 'discapacidad'.

Equipos deportivos mixtos

Por su parte, Podemos ha registrado un total de 34 votos particulares, en los que propone promover de forma activa la creación de equipos mixtos en los deportes de equipo federados, permitiendo legalmente que las niñas puedan jugar en los tradicionalmente considerados masculinos hasta la mayoría de edad, así como garantizar la libre elección de las prendas del uniforme en aquellos centros públicos, privados o concertados que obliguen a sus alumnos a llevar este tipo de vestimenta.

Por otro lado, Podemos pide derogar el Real Decreto Sanitario que restringe derechos de las personas migrantes en situación irregular de acceso al Sistema Nacional de Salud, para que los médicos puedan detectar posibles casos de mutilación genital femenina en niñas y jóvenes o situaciones de riesgo. También insta a garantizar el derecho de todas las mujeres al acceso a las técnicas de reproducción asistida independientemente de su situación civil u orientación afectivo-sexual, y a derogar la reforma de la ley del aborto para "reforzar la protección en infancia y adolescencia".

Igualmente, plantea crear un protocolo específico para los casos de violencia de género contra mujeres lesbianas, transexuales y transgénero. En cuanto al plazo para poner en marcha las 212 medidas, Podemos propone que aquellas que ya estén contempladas en textos legislativos aprobados y en vigor, se implementen antes del 31 de diciembre de 2017, ampliando la fecha hasta el primer trimestre de 2018 para las nuevas medidas que requieran una dotación presupuestaria que no esté reflejada en los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Informes de seguimiento

Mientras, el grupo parlamentario Ciudadanos propone en su voto particular que la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la violencia de género que se constituya a raíz del informe tenga capacidad suficiente de fiscalización y evaluación de las actividades y programas que se realicen con los 1.000 millones de euros de presupuesto; y que la renovación de las ayudas esté supeditada a términos como la eficiencia. En concreto, plantea que se presenten informes a la Comisión tanto por parte de las administraciones públicas que deseen elaborar proyectos derivados del Pacto de Estado, como por parte de las asociaciones que deseen optar a fondos públicos derivados del mismo. Además, sugiere que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con el Instituto de la Mujer y el Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer elaboren cada año informes de evaluación públicos sobre el uso de los fondos y el desarrollo de actividades.

Estereotipos machistas

Por su parte, Compromís propone prohibir los anuncios de prostitución en los medios ya que "a través de la prostitución se perpetúan estereotipos machistas". Asimismo, plantea, al igual que Podemos, dictar una nueva Ley de Violencias Machistas que defina y dé marco legal a todas las tipologías de violencia machista reconocidas en el Convenio de Estambul. Igualmente, Compromís propone en voto particular equiparar la indemnización de las víctimas de violencia de género con la de las víctimas de terrorismo, tal y como recoge ya el Pacto valenciano contra la violencia machista. También sugiere que las organizaciones feministas tengan un espacio en el proceso de seguimiento del Pacto.