Congreso
El PSOE registra una ley para limitar las "acciones judiciales abusivas": prohíbe ser acusación popular a partidos políticos
La norma registrada por los socialista también incluye una doctrina que imposibilita al Supremo abrir un proceso penal con recortes de prensa si no hay indicios de irregularidades.
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El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) registra en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que prohíbe ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos.
Con esta medida busca garantizar la protección frente al acoso de acciones judiciales abusivas y garantizar los derechos fundamentales. El Gobierno así lo ha considerado tras las quejas de los socialistas en los últimos meses por que consideran un acoso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno en los tribunales.
La norma quiere limitar el papel de las acusaciones populares "para proteger derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad, a la participación política y a la tutela judicial". Además, plantea que se aparte a los jueces que realicen declaraciones en favor de partidos políticos para no correr el riesgo de convertirse "en una politización de la Justicia".
El encargado de registrar esta Proposición de Ley Orgánica "de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas" ha sido Patxi López, el portavoz del PSOE en Congreso.
"Lo que pretendemos es impedir el acoso que se sufre cuando hay quién utiliza las acciones judiciales de forma abusiva con el único fin de atacar con quién no promulga con sus planteamientos", afirma el portavoz socialista.
La proposición de ley registrada por el portavoz socialista también incluye la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir un proceso penal con recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades y que suprime el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos.
"Lo vamos a hacer en cuatro fases: reformando la acusación popular, haciendo que se inadmita las querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa, suprimiendo el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y permitiendo la recusación de jueces por su declaraciones de contenido político", explica Patxi López desde la Cámara Baja.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya avanzó su intención de aprobar este año la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que sustituirá a la actual (1882) y que limitará el papel de las acusaciones populares, además de atribuir a la Fiscalía la instrucción de las causas penales.
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