Congreso
El PSOE registra una ley para limitar las "acciones judiciales abusivas": prohíbe ser acusación popular a partidos políticos
La norma registrada por los socialista también incluye una doctrina que imposibilita al Supremo abrir un proceso penal con recortes de prensa si no hay indicios de irregularidades.
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El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) registra en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que prohíbe ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos.
Con esta medida busca garantizar la protección frente al acoso de acciones judiciales abusivas y garantizar los derechos fundamentales. El Gobierno así lo ha considerado tras las quejas de los socialistas en los últimos meses por que consideran un acoso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno en los tribunales.
La norma quiere limitar el papel de las acusaciones populares "para proteger derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad, a la participación política y a la tutela judicial". Además, plantea que se aparte a los jueces que realicen declaraciones en favor de partidos políticos para no correr el riesgo de convertirse "en una politización de la Justicia".
El encargado de registrar esta Proposición de Ley Orgánica "de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas" ha sido Patxi López, el portavoz del PSOE en Congreso.
"Lo que pretendemos es impedir el acoso que se sufre cuando hay quién utiliza las acciones judiciales de forma abusiva con el único fin de atacar con quién no promulga con sus planteamientos", afirma el portavoz socialista.
La proposición de ley registrada por el portavoz socialista también incluye la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir un proceso penal con recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades y que suprime el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos.
"Lo vamos a hacer en cuatro fases: reformando la acusación popular, haciendo que se inadmita las querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa, suprimiendo el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y permitiendo la recusación de jueces por su declaraciones de contenido político", explica Patxi López desde la Cámara Baja.
Fue gracias a las querellas basadas en recortes de prensa y la acusación particular por lo que se iniciaron las causas contra Begoña Gómez y contra David Sánchez, la mujer y el hermano del presidente del Gobierno. La reforma se aplicará en cuanto entre en vigor, a los casos que estén en curso en ese momento.
Patxi López asegura que el propósito de la nueva norma no es favorecer a la mujer y hermano de Sánchez. Sin embargo, varios juristas tienen claro que la reforma sí podría afectar a las causas abiertas contra Begoña Gómez y David Sánchez.
"Se aplica con efecto retroactivo a procesos que están ahora mismo en trámite, con lo cual puede poner en riesgo efectivamente la terminación de procesos que están en la actualidad", dice Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente. "La técnica legislativa utilizada parece centrarse en casos particulares y no atiende a la generalidad y a la vocación de servir para el futuro que toda ley tiene que tener", afirma Sergio Oliva, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Las asociaciones judiciales, tanto progresistas como conservadoras, no están de acuerdo con esta nueva proposición de ley. Para Portillo esto afecta al "derecho fundamental, a la libertad de expresión de jueces y magistrados".
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya avanzó su intención de aprobar este año la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que sustituirá a la actual (1882) y que limitará el papel de las acusaciones populares, además de atribuir a la Fiscalía la instrucción de las causas penales.
El PSOE se opuso a esta ley cuando lo intentó el PP
El Partido Popular también intentó hace años limitar la acción de las acusaciones populares, y fue entonces el PSOE el que se opuso rotundamente. Ahora los socialistas hacen suya esa propuesta, que coincide en el tiempo con las investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno. La han registrado esta mañana por sorpresa, porque, según el portavoz socialista, les parecía "urgente".
Pretenden hacer cambios en las acusaciones populares y se impide en algunos supuestos que se personen partidos, aunque con excepciones, como los casos de corrupción. De hecho, el Partido Socialista está personado en varios casos como el del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el caso Koldo o el de Alvise Pérez.
Para la 'popular' Cuca Gamarra esto es un "intento de control" por parte del presidente Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que lo que busca el Ejecutivo es "la impunidad para la familia socialista". Vox, por su parte, ha comparado a Pedro Sánchez con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Acusaciones populares dicen que la ley "blinda" al Gobierno
Las acusaciones populares de los casos 'Begoña Gómez', 'Koldo' y contra el fiscal general del Estado creen que la proposición de ley registrada por el PSOE "mata" a la acción popular y busca "blindar" al Gobierno.
Para la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) -acusación en 'Koldo'- la propuesta es "una ocurrencia, una barbaridad y hace imposible el ejercicio de la acusación popular".
Por su parte Hazte Oír -que ejerce la acusación popular en el caso 'Begoña Gómez' y en 'Koldo'- ha calificado la propuesta de "ley de 'Punto Final' que pretende instaurar el pensamiento único en el ámbito judicial", lo que a su juicio supone "un primer paso hacia una dictadura silenciosa".
"La acusación popular es un derecho fundamental de todos los españoles, una herramienta clave para proteger los intereses generales y defender el bienestar de España frente a los abusos de poder. Sin embargo, la propuesta del PSOE para limitar este derecho tiene un origen evidente: el cerco judicial que afecta a diversos cargos socialistas y a sus familiares", ha denunciado Hazte Oír.
Por otro lado, el presidente de Iustitia Europa -partido político personado en el caso 'Begoña Gómez' y 'Koldo'-, ha recordado que en Europa "existe el Ministerio Fiscal que goza de neutralidad, imparcialidad e independencia respecto del Gobierno de turno".
Desde Manos Limpias, Miguel Bernad, consideran que la propuesta "supone de una manera flagrante la restricción de un derecho fundamental", contenido en el artículo 125 de la Carta Magna. "Una ley orgánica, por muy orgánica que sea, no puede restringir un derecho fundamental", ha incidido.
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