Ley de amnistía
Puigdemont pide a Sánchez negociar "pieza a pieza" y "abordar la autodeterminación"
El expresidente catalán ha celebrado este jueves el acuerdo sobre la ley de amnistía. Considera que supone "un paso muy importante para acabar con la represión" contra el independentismo. Apuesta por negociar "pieza a pieza" con el Gobierno: desde los presupuestos hasta la autodeterminación.
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Son días frenéticos con la tramitación de la ley de amnistía. Fue el 23 de julio del año pasado cuando Pedro Sánchez perdió las elecciones generales, tras lo que decidió que estaba dispuesto a pactar con Puigdemont para su continuidad en el poder. Fueron necesarios cuatro meses de negociaciones, hasta noviembre, para asegurar la investidura con sus siete votos, a cambio de la promesa de amnistiarlo.
Tras ello, han pasado otros cuatro meses de negociaciones para que este mismo jueves se haya aprobado la ley en la comisión de justicia del congreso. Todavía quedan algunos trámites, pero antes del verano habrá amnistía. De esta manera, Sánchez asegura los siete votos de Puigdemont para dar continuidad a su legislatura, que no terminaba de coger ritmo cuando ya han pasado casi ocho meses desde las elecciones. Lo hace con nuevas cesiones. Y es que, la ley de amnistía establece que el Código Penal rige para todos los ciudadanos que viven en España, a excepción de aquellos que cometieron delitos durante el proceso independentista. Esto, según Moncloa, es perfectamente constitucional, a pesar de que el artículo 14 de la Constitución establece que todos los españoles somos iguales ante la ley.
Puigdemont celebra el acuerdo sobre la ley de amnistía
El expresidente catalán ha celebrado el acuerdo, que supone "un paso muy importante para acabar con la represión" contra el independentismo. Apuesta por negociar "pieza a pieza" con el Gobierno, desde los presupuestos hasta la autodeterminación. Así lo ha expresado a través de un mensaje en la red social 'X' después del visto bueno de la Comisión de Justicia del Congreso a la proposición de ley de amnistía.
Puigdemont considera que este aval a la ley en comisión es "un paso muy importante para acabar con la represión contra el proceso de independencia", que es "legítimo, democrático, no-violento" y que el Estado "combate de una manera inaceptable e incompatible con el Estado de Derecho".
"Tenemos todo el derecho a continuar el proceso de independencia, a hacer política y a ejercer nuestros derechos sin ser violentados por las estructuras del Estado. La represión fue una mala decisión, y hoy se ha empezado a revertir de una forma que los indultos no podían garantizar de ninguna manera", resaltaba, a la vez que recordaba que esta era "una de las condiciones" para poder relacionarse con los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, "sin la interferencia de la judicatura patriótica".
Considera que ahora hay que "negociar pieza a pieza, no dar nada por aprobado y abordar todas las cuestiones, desde los presupuestos hasta el reconocimiento nacional y el ejercicio del derecho a la autodeterminación". Puigdemont finalizaba el comunicado agradeciendo la "disposición" del PSOE a llevar a cabo "las mejoras necesarias a la ley" para "resolver las dudas y temores" que llevaron a JxCat a votar en contra de la proposición de ley en el Congreso el 30 de enero.
Las claves del acuerdo
El nuevo texto de la amnistía que han pactado el PSOE, ERC y Junts es un documento constituido por 16 artículos en los que tiene cabida un amplio perdón para el terrorismo y la malversación.
La principal novedad de este texto es que el terrorismo se considerará según la legislación europea. De esta manera, quedarán fuera los actos que puedan calificarse como terrorismo según la directiva europea de 2017 y que hayan provocado "de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos", concretamente las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el derecho internacional humanitario.
Entre tanto, se amplía dos meses el ámbito temporal de la amnistía con respecto a la anterior propuesta. Ahora se aplicará desde el 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023. Esta ley va a anular la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todas las personas relacionadas a la preparación y la ejecución del procés y a las protestas que lo rodearon.
Además, el delito de malversación estará cubierto "siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento" y de obtener "un beneficio personal de carácter patrimonial". También recoge otra rebaja en lo referente al delito de alta traición, puesto que solo quedan excluidos los actos en los que se haya empleado la fuerza.
Será una ley de aplicación "preferente y urgente", lo que quiere decir que entrará en vigor el mismo que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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