Puigdemont pide al Supremo que aplique la amnistía y retire su orden de detención

Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal Supremo que retire la orden de arresto en su contra y que declare "amnistiados" todos los hechos que se le imputan relacionados con el procés.

La defensa del expresident catalán ha presentado un escrito al magistrado Pablo Llarena, quien lo investiga desde 2017, argumentando que la ley de amnistía lleva de manera "inevitable" a la eliminación de la orden de busca y captura nacional y de ingreso en prisión que pesa sobre él.

Su letrado, Gonzalo Boye, sostiene que "debe primar el derecho a la libertad personal" y defiende que todos los hechos que se le atribuyen, incluida la malversación, "se encuentran inequívocamente comprendidos" en el paraguas de la amnistía, de modo que solicita el archivo de la causa.

Según el escrito, mantener la restricción de la libertad personal de Puigdemont mientras la ley de amnistía está en vigor contravendría los principios de "proporcionalidad y necesidad" y los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), además de la propia ley de amnistía.

La Fiscalía también pide al Supremo amnistiar el procés

Asimismo, el magistrado del Supremo tiene sobre su mesa el informe de la Fiscalía, que apuesta por amnistiar todos los delitos, incluidos la malversación y el terrorismo.

De hecho, también ha pedido este miércoles al Supremo que levante la orden de arresto contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y que declare amnistiados todos los delitos que se le atribuyen a él y al resto de líderes independentistas implicados en el procés.

Concretamente, el ministerio público solicita formalmente que se aplique la ley de amnistía íntegramente al exvicepresident Oriol Junqueras y al resto de condenados, así como a aquellos que huyeron, incluido Puigdemont, dos de sus exconsellers -Toni Comín y Lluis Puig- o la dirigente de ERC Marta Rovira, a quienes reclama que se les retire las órdenes de detención.

La Fiscalía defiende que todos los delitos de la causa, incluida la malversación, encajan en la ley de amnistía dado que no se cumplen los requisitos que la norma deja fuera del perdón: que haya enriquecimiento personal o que afectase a los intereses económicos de la Unión Europea.

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