Puigdemont tendrá difícil parar una euroorden diseñada para garantizar una entrega automática

La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros que lo acompañan en Bélgica tendrá difícil parar la euroorden de España contra ellos, puesto que esta herramienta fue diseñada para garantizar una entrega casi automática entre países, dijo un experto penalista.

"Hay muchas posibilidades de que sea ejecutada, salvo si se gana un poco de tiempo, pero en principio no hay razón para que no sea ejecutada", explica el abogado y profesor de Derecho Penal en la Universidad Libre de Bruselas, Pierre Chomé. "Hicimos la orden europea para que esto sea totalmente automático", añade en referencia a la orden europea de detención y entrega (OEDE), el instrumento que la Audiencia Nacional ha utilizado para pedir a Bélgica la extradición de los exdirigentes catalanes que llegaron a Bruselas el 30 de octubre.

El juez de la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia belga) debe decidir si le da cumplimiento después de la audiencia que se celebrará el 4 de diciembre, fecha fijada tras el aplazamiento de la vista del pasado viernes, y hasta ese día tanto la defensa como la Fiscalía de Bruselas pueden presentar sus alegatos por escrito.

El Ministerio Público belga pedirá que se ejecute la orden por todos los cargos que pide la Justicia española salvo el de prevaricación, y considera que los de sedición, rebelión, malversación y desobediencia tienen como equivalente en la ley belga la coalición de funcionarios y desvío de fondos públicos.

Para Chomé, aunque quien decide sobre la orden es el juez y no el fiscal, en esta tesitura será difícil invalidarla puesto que todos los países de la Unión Europea comparten las mismas reglas de procedimiento. Este experto considera que lo normal sería que el juez belga diga a los acusados que, aún cuando tengan razón, deben probarlo ante la justicia española, puesto que no corresponde a Bélgica juzgar el caso.

Conforme al procedimiento de la euroorden, el tribunal belga debe decidir si hay base para arrestar y entregar a los individuos en cuestión, pero no puede sentenciar sobre los delitos que se les atribuyen. No obstante, el letrado recuerda que la Justicia española solo podrá pedir cuentas a los exmandatarios catalanes por aquellos delitos por los que el juez belga conceda la euroorden.

La euroorden entró en vigor en 2004 para acabar con los largos procesos de extradición tradicionales, agilizando la entrega de presuntos criminales entre los socios europeos, eliminando la intervención de los Gobiernos de modo que los trámites se hagan entre jueces, y suprimiendo la necesidad de que los delitos estén reconocidos en ambos países en muchos supuestos. Esto es posible por el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales entre los países de la Unión Eurepea y porque fija unos niveles mínimos de garantías judiciales comunes para todos los Estados, de ahí que el principio general sea dar cumplimiento a las órdenes salvo en contadas excepciones.

Entre estas, la defensa de Puigdemont podría alegar que alguno de los delitos de que se les acusa debe estar también tipificado en el código belga y no lo está -algo que la Fiscalía parece descartar- o que en España se vulnerarán sus derechos fundamentales. Esto "será muy difícil que lo reconozcan", dice Chomé, que expresa su pesimismo con respecto a las posibilidades de Puigdemont de eludir su entrega a España.

La decisión del juez de primera instancia llegará, como pronto, el mismo 4 de diciembre, la víspera del comienzo de la campaña para las elecciones del 21-D, a las que Puigdemont concurre como cabeza de lista de Junts per Catalunya, la nueva marca del PDeCat.

La decisión del juez puede ser recurrida por ambas partes ante un Tribunal de Apelación y, en última instancia, ante la Corte de Casación, lo que podría alargar el procedimiento hasta principios de enero. Y es que, pese al automatismo que persigue la euroorden, en 2015 los procesos en los que el acusado se negaba a entregarse tardaron de media dos meses en resolverse, según datos de la Comisión Europea.

El plazo máximo para cerrarlo está fijado en 60 días, pero puede alargarse hasta 90 en condiciones excepcionales. En cuanto al resultado, en 2015 de los 16.144 mandatos europeos emitidos en la UE, 6.518 acabaron con la entrega del perseguido (40%). En Bélgica, de los 312 procedimientos de entrega iniciados, solo 22 (7%) se hicieron efectivos.