El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha desoído el ultimátum de la Junta Electoral Central (JEC) y ha decidido mantener por ahora los lazos amarillos en los edificios públicos, si bien obedecerá lo que diga el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, sobre si debe reconsiderar o no su postura.
A las 18.00 horas vencía el plazo máximo dado por la JEC a Torra para que retirara esteladas y lazos amarillos de edificios públicos dependientes de la administración catalana, pero a esa hora no se había retirado la simbología aludida, de manera que en la fachada del Palau de la Generalitat seguía colgando la pancarta con el lema "Libertad presos políticos y exiliados", junto a un lazo amarillo.
La JEC lanzó el lunes por la tarde un ultimátum a Torra al darle un nuevo plazo de 24 horas para que retirase de los edificios de la Generalitat los lazos amarillos y las esteladas, advirtiéndole de que si no lo hacía podría incurrir en responsabilidades penales. Este martes, Torra ha enviado un nuevo escrito a la JEC, en el que insistía en la "imposibilidad de llevar a puro y debido efecto el requerimiento mencionado", alegando que la tipología de gestión de los diferentes centros de la Generalitat "es muy variada", ya que pueden estar en manos de empresas públicas o cedidos a privadas, fundaciones, consorcios o entidades sociales.
Tras la reunión del Govern, la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha dicho que Torra ha mantenido contacto con el Síndic de Greuges -defensor del pueblo catalán- para valorar "si se tiene que actuar o no y, en el caso que se tenga que actuar, dónde, cuándo y sobre qué tipo de pancartas y expresiones" habría que hacerlo.
Torra ha informado al Govern, según Artadi, de que, "esté o no de acuerdo con el posicionamiento del Síndic, seguirá sus recomendaciones", unos criterios que Ribó, según fuentes de la Sindicatura de Greuges, trasladará esta tarde o mañana a Torra. Pocas horas después, la JEC ha reaccionado al escrito de Torra y ha rechazado concederle más tiempo para retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos.
La JEC señala que el escrito de Torra no identifica los edificios ni las razones jurídicas que demuestren "la imposibilidad" del presidente de la Generalitat "de ejercer sobre ellos aquello que le fue ordenado", es decir, la retirada de esos símbolos. Según fuentes del Gobierno central, la JEC puede decidir si traslada los hechos a la Fiscalía o si ordena a las fuerzas de seguridad quitar los símbolos de los inmuebles de la Generalitat, misión de la que se tendrían que encargar los Mossos d'Esquadra.
Previamente, la Delegación del Gobierno en Cataluña tiene que informar a la propia JEC, a partir de esta tarde, "del grado de cumplimiento de su orden de retirar lazos amarillos en los edificios públicos dependientes de la Generalitat", según dichas fuentes. Esta tarde, la Delegación del Gobierno ya ha remitido a la JEC un escrito en el que detalla que pasadas las 15:00 horas una docena de edificios del Govern, incluido el Palau de la Generalitat, seguían exhibiendo lazos amarillos.
En la resolución adoptada el lunes por la JEC para ordenar a Torra que quitase todos los símbolos en 24 horas, le avisaba "de las responsabilidades administrativas, y en su caso penales, en que pudiera incurrir" si persistía "en la desobediencia" a sus acuerdos.
En concreto, el artículo 410 del Código Penal prevé "multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años" para las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen "abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales".
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