Qué va a pasar con los 6,6 millones del contrato de armamento cancelado: las claves de la ruptura con la empresa israelí

Tras el anuncio de la cancelación del contrato firmado con la empresa israelí IMI Systems, por valor de 6,6 millones de euros para la compra de más de 15 millones de balas, la pregunta clave ahora es si el Gobierno tendrá que pagar el contrato por la recisión o si, por el contrario no será necesario.

Tal y cómo comunicó este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el contrato no se ejecutará. Desde el Ejecutivo aseguran que no tendrán que pagarlo ya que NO van a autorizar el permiso de importación de las balas "por razones de interés general". Según defienden, esto permitiría al Ministerio del Interior rescindir legalmente el acuerdo, evitando así el pago y cualquier compensación económica.

Sin embargo, no está garantizado que no se tenga que pagar. Hasta ahora, la Abogacía del Estado había advertido que la cancelación del contrato podría suponer la obligación de indemnizar a la empresa. Interior se aferraba a ese criterio para justificar la continuidad del contrato, pero Moncloa alega que el "interés general" justifica la ruptura.

Mientras tanto, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha reivindicado su papel en la cancelación al asegurar que fue ella quien el miércoles habló con Marlaska y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y lo ha calificado como "completamente legal".

El PP denunciará ante el Tribunal de Cuentas

El Partido Popular, por su parte, afirma que sí se tendrá que pagar. Su líder, Feijóo, ha denunciado que no solo no se recibirán las balas, sino que "pagaremos por nada", y ha exigido que, si hay que compensar a la empresa, "lo paguen de su bolsillo los ministros responsables".

Además han anunciado que presentará una denuncia ante el Tribunal de Cuentas ya que la ruptura del acuerdo se ha producido por razones "únicamente políticas" y "de forma arbitraria", lo que, a su juicio, podría tener consecuencias económicas para el Estado y derivar en responsabilidades contables.

Fuentes del PP han insistido este viernes en que el Ejecutivo ha tomado esta medida "por orden directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", y han advertido de que podría suponer un coste elevado para las arcas públicas, ya que implica una rescisión sin contraprestación.

El principal partido de la oposición considera que la cancelación del contrato incumple las obligaciones presupuestarias que exige la entrega de bienes o servicios y que, por tanto, puede derivar en un "menoscabo de los caudales públicos". Según los populares, este perjuicio no debe recaer sobre el contribuyente: "La responsabilidad debe afrontarla quien la genera, no el bolsillo de los españoles como pretende el Gobierno", sostienen.

Por ello, desde el PP se preguntan "quién asumirá el coste de la decisión personal de Sánchez" y recuerdan que, hace apenas 24 horas, se afirmaba que el acuerdo no podía anularse. "Hemos pasado de que era imposible rescindir un contrato ya firmado a que se haga al precio que sea", señalan.

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