Investidura
¿Qué plazos tendría el Gobierno en funciones para aprobar la Ley de Amnistía que pide Puigdemont?
El expresidente catalán ha puesto varias exigencias previas antes de sentarse a hablar con Pedro Sánchez para su posible investidura. La condición principal: la Ley de Amnistía.
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Las cartas están sobre la mesa, concretamente las de Puigdemont, quien tiene la llave de la gobernabilidad y quien ha exigido unas condiciones previas para sentarse a negociar con Pedro Sánchez de cara a su posible investidura. Recordamos que Feijóo, el candidato a la investidura, ha rechazado reunirse con Junts para abordar una amnistía.
A Pedro Sánchez le quedan 81 días por delante para ser investido si la candidatura de Feijóo no sale adelante y la principal exigencia del expresidente catalán es una amnistía antes de sentarse a negociar. El tiempo corre y la única vía de tramitación posible tendría que hacerse por vía de urgencia en la Cámara Baja.
Estos son los plazos y el proceso
Con menos de tres meses, el Gobierno en funciones tiene algo de tiempo para llevar a cabo la Ley de Amnistía que exige Puigdemont. Esto conlleva un proceso legislativo detrás más o menos sencillo que podría tener lista la ley en poco tiempo.
En primer lugar, el Ejecutivo debería tramitar esta Ley de Amnistía como Proposición de Ley, por vía de urgencia. Para ello, solo harían falta que la propongan 15 diputados. De esta manera, se reducen los plazos y se evitan los informes del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado.
Si el Gobierno en funciones inicia todo este procedimiento en cuanto Sánchez tenga la posibilidad de ir a investidura, la Ley de Amnistía exigida por Carles Puigdemont podría estar lista tan solo en un mes y medio, tiempo suficiente que los socialistas tienen a su favor. De llevarse a cabo el proceso, la ley tendría que estar aprobada como máximo antes del 27 de noviembre.
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¿El Senado podría hacer algo?
Por otro lado, el PP tiene la mayoría en la Cámara Alta, pero tampoco podría paralizarla allí. ¿El motivo? Existe jurisprudencia que el Gobierno podría utilizar a su favor. Una complicación para el Partido Popular, que tendrá difícil ponerle freno a una ley que el PSOE está dispuesto a valorar.
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