Fue una apuesta personal de Pedro Sánchez aunque no ha ido a la velocidad que el presidente en funciones quería. El 27 de junio de 2018 Sánchez aseguraba que la exhumación de Franco se llevaría a cabo "en tiempo breve". Un año después la vicepresidenta Carmen Calco ha insistido en que el Ejecutivo intentará que se haga antes de la campaña electoral que empieza el 1 de noviembre y sólo durará ocho días en lugar de los quince habituales.
El plazo se acorta a 37 días pero no está claro que sea posible.
La exhumación choca con varios escollos.
La batalla legal con los Franco
La familia Franco podría acudir al Tribunal Constitucional y alegar vulneración de derechos fundamentales. En ese caso puede pedir que se adopten medidas cautelares como paralizar la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva el recurso. El Constitucional tendría que valorar las razones del recurso y decidir si lo admite o no y si auteriza las cautelares.
La paralización de las obras
Franco está enterrado bajo una losa de 2.000 kilos de granito de Alpedrete en una fosa también de granito revestida de plomo El juzgado de lo contencioso administrativo 3 de Madrid, del juez José Yusti tiene suspendida la licencia de obras para retirar esa losa. Los Franco recurrieron el quitarla porque se podía poner en riesgo la seguridad de las personas. El juez tiene que fijar una vista para finales de octubre para ver si da la licencia de obras o no. A no ser que en el texto de la sentencia el Supremo deje zanjado el asunto.
