Instituto de la Mujer

Quién es Isabel García, la directora del Instituto de las Mujeres cesada por la polémica de los puntos violetas

Una figura controvertida que ha sido duramente criticada por algunos partidos.

La directora del Instituto de Mujeres, Isabel García, interviene durante la presentación de la 20 edición del festival Ellas Crean

La directora del Instituto de Mujeres, Isabel García, interviene durante la presentación de la 20 edición del festival Ellas CreanEuropa Press

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El Gobierno ha cesado a Isabel García como directora del Instituto de la Mujer cuando apenas han pasado seis meses desde su nombramiento. Su paso por la institución ha estado muy marcado por la polémica, tanto por sus opiniones sobre la ley trans como por su actividadempresarial junto a su esposa.

Desde su nombramiento en diciembre de 2023, Isabel García ha sido una figura controvertida. Su llegada al cargo fue duramente criticada por partidos como Sumary Podemos, así como por diversas entidades LGTBI, debido a sus posturas sobre el colectivo trans. Estas críticas no solo surgieron por su visión sobre la ley trans, sino también por sus comentarios en redes sociales, donde había negado la existencia de mujeres trans y hablado de "dictadura queer".

A pesar de estas críticas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió su nombramiento y destacó su currículum profesional y compromiso con los derechos de las personas LGTBI. García, por su parte, expresó su "absoluto compromiso" con la ley trans y pidió perdón por cualquier ofensa que sus comentarios previos hubieran causado.

Su actividad empresarial y los conflictos de interés

La verdadera polémica que ha llevado a su cese surgió a raíz de su actividad empresarial junto a su esposa, Elisabeth García. Según se publicó, ambas habrían obtenido 64 contratos de municipios gobernados por el PSOE para gestionar los puntos violeta, contratos valorados en unos 250.000 euros. Esta revelación generó una ola de críticas y solicitudes de explicaciones.

Isabel García emitió un comunicado donde defendía la legalidad de sus acciones, y aseguraba que cumplía "escrupulosamente" con la ley. Afirmó que, tras ser nombrada directora, había reducido su participación en las empresas compartidas con su esposa al 8%, un porcentaje permitido por la ley, y que se había desvinculado de la gestión de estas empresas. No obstante, documentos del Registro Mercantil mostraron que seguía figurando como administradora única en el momento de la adjudicación de algunos contratos, lo que levantó más sospechas y críticas.

La presión política

La presión política sobre el Gobierno para destituir a Isabel García fue en aumento. Podemos, Sumar y otros partidos de la oposición consideraron injustificable que una institución dedicada a combatir la discriminación se utilizara para el enriquecimiento personal. Finalmente, después de días de especulaciones y debates internos, el Gobierno decidió cesarlade su cargo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, había pedido tiempo y explicaciones a García, pero las justificaciones no fueron suficientes para mantenerla en el puesto. La ministra había subrayado la necesidad de transparencia y legalidad en la gestión de fondos públicos destinados a programas de igualdad, y la situación con García contradecía estos principios.

Su perfil y trayectoria

Isabel García nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1968 y ha estado vinculada al PSOE y a la igualdad a lo largo de su carrera. En 2015 fue designada Diputada de Igualdad, Juventud y Deportes de la Diputación de Valencia, donde simultaneaba este cargo con el de Concejala de Igualdad y Comercio del Ayuntamiento de Xirivella. Entre 2019 y 2022 fue asesora del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y antes de su nombramiento como directora del Instituto de las Mujeres trabajó en el sector privado junto a su esposa en el ámbito de la consultoría sobre temas de igualdad.

La destitución de Isabel García ha generado múltiples reacciones. Mientras la oposición utiliza este caso como un ejemplo de corrupción y falta de ética, el Gobierno se enfrenta al reto de restaurar la credibilidad del Instituto de las Mujeres. La transparencia en el proceso de adjudicación de contratos y la implementación de medidas correctivas serán esenciales para recuperar la confianza pública en esta institución encargo.

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