La reclamación de las comunidades autónomas al Gobierno de unos 2.500 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de 2017 se ha recrudecido con la amenaza de llevar el caso a los tribunales. Los representantes de las comunidades autonomías demandarán al Ministerio de Hacienda una solución en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocada para informar a las autonomías de la nueva senda de déficit público. Estas son algunas claves sobre este conflicto. A falta de Presupuestos del Estado, a falta de un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, la pelea se recrudece por las ofertas del Gobierno a Cataluña.
¿Qué pasó en 2017?
El Gobierno, entonces del PP, puso en marcha un nuevo sistema de gestión del IVA -el suministro inmediato de información (SII)- que, entre otras cosas, amplió el plazo para que las empresas liquidaran el impuesto. Esto supuso que la recaudación de noviembre, que normalmente se ingresaba en el mes de diciembre, se hizo en enero, una vez que el ejercicio estaba cerrado.
¿Cómo afectó a las cuentas de las comunidades?
Las comunidades autónomas reciben cada año la mitad de la recaudación de IVA, pero para no tener que esperar al cierre del ejercicio, el Estado les adelanta lo que calcula que les va a corresponder por este concepto y liquida dos años después. Como el cálculo de 2017 se hizo antes del cambio normativo, las regiones recibieron todo lo que les correspondía en concepto de adelanto (12 meses de recaudación) sin tener en cuenta lo efectivamente cobrado (11 meses, todos menos noviembre, que había pasado a 2018).
Cuando en 2019 llegó el momento de liquidar el ejercicio 2017 y hacer balance entre lo que se adelantó y lo efectivamente ingresado, las comunidades solo podían computar 11 meses de recaudación de IVA (al haber perdido noviembre, que pasó a 2018) y no los 12 meses habituales, un desfase que cifran en unos 2.500 millones de euros. Las regiones no tuvieron que devolver dinero al Estado, ya que al incorporar todos los conceptos la liquidación del ejercicio fue positiva para las comunidades autónomas, aunque en menor medida que otros años.
El proyecto presupuestario de 2019 pretendía modificar los plazos de pago de IVA de las empresas, de manera que la liquidación de noviembre volviera a abonarse en diciembre. Esto suponía que de manera excepcional 2019 tendría una recaudación de este impuesto equivalente a trece meses, ya que computaría tanto noviembre de 2018 (abonado en enero de 2019) como noviembre de 2019 (abonado en diciembre de 2019), lo que de alguna manera compensaría a las comunidades autónomas por el mes perdido de 2017 que liquidaban ese año. El rechazo de los presupuestos y el largo periodo de interinidad del Gobierno impidió que esta medida se pusiera en marcha a tiempo, antes de que acabara 2019.
¿Acuerdo o tribunales?
Las reiteradas peticiones de que se reintegre la recaudación que se considera pendiente han subido de nivel en las últimas semanas, ya que las comunidades autónomas han planteado la posibilidad de recurrir a la vía judicial para lograrlo. El Ejecutivo insiste en que, una vez cerrado el ejercicio 2019, ya no es posible reintegrar esas cantidades, aunque abre la puerta a estudiar "medidas paliativas" que no detalla. La oferta del Gobierno va más por el lado de relajar el déficit para que las comunidades no estén tan apuradas.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, pide al Gobierno que no obligue a las comunidades autónomas a recurrir a la Justicia para que le abonen el IVA de diciembre de 2017 porque en caso de ser así lo tendría "perdido", y avisa de que si no paga incurriría en "apropiación indebida". Pero también están pensando en los tribunales comunidades gobernadas por los socialistas, como Aragón, Extremadura o Castilla-La Mancha. Su presidente, Emiliano García-Page, se ha mostrado confiado en acercar posturas con el Ministerio de Hacienda por la deuda pendiente de unos 130 millones de euros en su caso, si bien ha avisado de que no liquidarla sería una "amenaza" para el Estado del Bienestar de las comunidades autónomas, que son las que gestionan los servicios de educación y sanidad, entre otros. El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha tachado de "anticonstitucional" que se quiera limitar la capacidad fiscal de las autonomías así como un "ataque directo al pluralismo político".
