Rafael Puertas, cofundador de Intervida, acusa al juez Baltasar Garzón y otros políticos de estafa millonaria

Uno de los fundadores de Intervida, Rafael Puertas, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el exjuez Baltasar Garzón, la exconsellera de Justicia de la Generalitat Montserrat Tura, otros excargos públicos de la Generalitat de Cataluña y administradores de la actual ONG por la gestión de la entidad, según ha explicado en rueda de prensa este miércoles.

El caso se remonta a 2007, cuando el Ministerio Fiscal se querelló contra los fundadores y la directiva de Intervida por un supuesto desvío del dinero recaudado mediante apadrinamiento de niños a actividades que no tenían nada que ver con el fin social de esta entidad sin ánimo de lucro, pero, tras cinco años de investigación, el caso fue sobreseído y Puertas fue absuelto.

La denuncia actual acusa a Garzón, Tura, otros altos cargos de la Generalitat y a administradores y empleados de Educo -la ONG en la que se fusionaron Intervida y Educación Sin Fronteras- de estafa, apropiación indebida y tráfico de influencias, mientras que Garzón suma además los cargos de denegación de auxilio, encubrimiento de delitos y omisión del deber de perseguir delitos.

Según Puertas, la entonces consellera y los administradores que se hicieron cargo de la entidad a propuesta de ella y del juzgado expoliaron la fundación: "La desmantelaron, desoyendo el mandato legal de preservar el buen funcionamiento".

Intervención en 2007

La ONG fue intervenida a instancias de un juzgado de Barcelona tras la sospecha de estafa, aunque poco después ese juzgado se inhibió y el caso recayó en la Audiencia Nacional y el magistrado Baltasar Garzón.

Los gestores de la entidad, amparados por Garzón, "supuestamente estafaron a 200.000 padrinos españoles"

Sin embargo, tras cinco años de investigación, la Audiencia acordó sobreseer la causa al no encontrar indicios suficientes de que se incurriera en los delitos de estafa, apropiación indebida y societarios de los que se les acusaba.

Ahora, Puertas asegura que los administradores nombrados por Tura y los gestores amparados por Garzón "supuestamente estafaron a 200.000 padrinos españoles", haciéndoles creer que su dinero llegaba a los menores apadrinados cuando no era así. Además, según el fundador de la entidad, tras la intervención los ingresos de Intervida cayeron un 70% mientras que las contrataciones externas crecieron un 545%, hasta superar los dos millones de euros, y a pesar de ello el personal aumentó de 100 a 160 empleados. Puertas ha afirmado que los administradores provisionales acabaron con el 80% de los proyectos de la entidad, y dejaron en la "indigencia total" a cuatro millones de personas a las que atendía la entidad.

Además, ha asegurado que había "intereses ocultos" en la decisión de cerrar la ONG, por ser una de las pocas entidades no politizadas ni religiosas, y ha calificado el caso como falso escándalo mediático.

Intervida era en 2007 la tercera entidad sin ánimo de lucro más grande de España, por detrás de Cruz Roja y Cáritas, contaba con 346.561 socios y manejaba un presupuesto anual de unos 90 millones de euros, con el apadrinamiento de niños como principal fuente de ingresos.