Mariano Rajoy ha reclamado "un amplio acuerdo" contra la corrupción con nuevas leyes para controlar las cuentas de los partidos, obligar a sus gestores a comparecer en el Parlamento, auditar el patrimonio de los cargos públicos e incrementar las penas por los delitos.
Rajoy ha reservado a esta cuestión buena parte de su discurso en el debate del estado de la nación que se celebra en el Congreso, donde ha asegurado que "toda corrupción es insoportable" y le "repugna", aunque le enorgullece que las instituciones funcionen en su persecución.
"Es necesario acabar con este clima irrespirable", ha manifestado para proponer a todos los partidos un pacto contra la corrupción desde la lealtad institucional, sin "ocultar, ni trivializar ni olvidar", pero también dejando claro que "España es un país limpio" y que los corruptos son las excepciones, como las "malas hierbas".
Entre las propuestas concretas, se ha comprometido a presentar en el Parlamento un "proyecto de ley orgánica de control de la actividad económica financiera de los partidos", que obligará a las formaciones a depositar sus cuentas en un registro público y fijará "reglas claras sobre el papel que pueden ejercer sus responsables de la gestión económica".
Según la propuesta de Rajoy, se establecería un "doble control externo" sobre esos gestores o tesoreros, que deberán responder ante el Tribunal de Cuentas y también comparecer anualmente en el Parlamento para explicar cómo han manejado los recursos.
Esta norma "exigente" reforzará el papel del Tribunal de Cuentas y obligará a los partidos a respetar determinadas reglas al realizar contrataciones. Ha propuesto además reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer las penas previstas para los delitos de corrupción, ampliar los plazos de prescripción y agilizar los procedimientos, de modo que la tardanza en responder "no sea una forma de impunidad para el delincuente o una condena pública sin sentencia para quien no lo es ni lo ha sido nunca".
Junto a estas medidas ha anunciado que presentará una "ley orgánica reguladora del ejercicio de las funciones públicas", un estatuto del cargo público que tasará las escalas de retribución, los sistemas de protección social o las compensaciones tras el cese y que reforzará la Oficina de conflicto de intereses.
Esta ley, ha dicho, dejará claro las declaraciones tributarias de bienes y actividades que deberán publicar los cargos públicos y cómo hacerlo, con unos estándares prefijados.
Además, ha propuesto realizar auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato para detectar cualquier incremento injustificado o rentas incompatibles con sus ingresos. Y ha sugerido reformar las reglas de funcionamiento del Congreso y del Senado para extender estos controles a los parlamentarios y regular el trabajo de los "lobbies".
Ya había anunciado en el pleno del Congreso su disposición a ampliar los criterios de la ley de transparencia a los partidos políticos y hoy ha apostado por que afecten también a organizaciones empresariales y sindicales y, en general, "a todas aquellas entidades que se financien, fundamentalmente, a través de fondos públicos".
Rajoy ha garantizado que no eran propuestas excluyentes y se ha comprometido a estudiar todas las que presenten el resto de partidos. Pero ha rechazado que se pueda difundir la idea de que España es un país corrupto -"una insidia"- y que se escriba una nueva "leyenda negra" que pueda dañar su prestigio.
"Generalizar la conducta indeseable de algunos a todos los políticos y, de paso, a las instituciones y al país entero es profundamente injusto", ha recalcado Rajoy, quien ha señalado que tampoco quiere que España se convierta en "un país inhabitable porque se aplaudan las acusaciones sin pruebas" que causan daños irreparables.
