El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido a los catalanes que no vayan a las mesas electorales si se les cita para estar presentes en el referéndum que quieren celebrar los independentistas el 1 de octubre porque sería "un acto absolutamente ilegal". Dicho esto, ha trasladado a los ciudadanos que pueden estar "tranquilos" porque su Ejecutivo cumplirá con su obligación para que no se celebre ese referéndum.
"Aprovecho para decir a todas las personas que entienden que el Gobierno tiene que cumplir con su obligación, que lo vamos a hacer, que estén tranquilas, que si alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya porque no puede haber referéndum y porque sería un acto absolutamente ilegal", ha resaltado Rajoy en los pasillos del Congreso, tras responder a las preguntas de control de la oposición.
Ante el hecho de que el presidente de la Generalitat haya mostrado su disposición a hablar, el presidente del Gobierno ha indicado que llevan "mucho tiempo hablando" pero no se puede negociar sobre lo que es "innegociable", como la soberanía nacional, ni "pasar por encima de la Constitución y el Estatuto de Autonomía"."Eso no se va a producir y no hay ningún país democrático en ningún país del mundo que pueda aceptar algo de esas características", ha proclamado.¿
Al ser preguntado si contempla el Gobierno aplicar el artículo 155 de la Constitución, Rajoy ha subrayado que "lo único que contempla es que en España se cumpla la ley y se respeten los derechos" de los ciudadanos. En este punto ha recordado que la pasada semana se celebró en el Parlamento catalán una sesión plenaria en la que se "privó" a los diputados de la oposición de sus derechos y "en solo 24 horas se cambió toda la legalidad, se liquidó la soberanía nacional y se convocó un referéndum".
Según Rajoy, eso "no había ocurrido nunca" en ningún país europeo y fue una sesión "claramente antidemocrática" que terminó con la convocatoria de un referéndum "ilegal". "Por lo tanto, lo único que contemplamos, no hay otro escenario posible, es que ese referéndum no se puede celebrar", ha exclamado.
Ha asegurado que la prioridad en este momento es defender la ley y la Constitución ante el desafío y las "ocurrencias" que se están produciendo en Cataluña, pero no se ha cerrado a abrir ese debate sobre la reforma constitucional más adelante con "serenidad y rigor". Eso sí, ha rechazado "construir nada de nueva planta" que toque los pilares básicos del texto fundamental.
Así le ha contestado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha defendido abrir el debate designando juristas y expertos para que hagan una propuesta de "actualización" del actual marco constitucional, al tiempo que ha revelado que Cs no quiere sumarse a una "comisión show" sobre el modelo territorial como la que propone el PSOE sobre el modelo territorial.
Aunque Rivera ha coincidido con el jefe del Ejecutivo en que "hoy no es un día de ocurrencias" ante lo que está sucediendo en Cataluña, ha recordado que el punto 122 del pacto de investidura que firmaron PP y C's hace un año incluye el compromiso de actualizar la Carta Magna "sin ocurrencias y sin disparates". Por eso, ha emplazado a Rajoy a comprometerse a abrir ese debate en un futuro porque el "inmovilismo" no es la solución.
El presidente del Gobierno ha señalado que la "prioridad" en este momento no es la reforma de la Constitución, si bien ha dicho que está "dispuesto a hablar" sobre ese asunto, con "seriedad y rigor". Y ante las críticas de inmovilismo, ha asegurado que eso es "muy relativo" porque a "veces hay gente que se mueve en la dirección contraria a la razón y en ese caso lo mejor es quedar dónde se está".
Rajoy ha calificado el rescate a la banca como "una decisión muy positiva", a pesar de conocerse la semana pasada que el Banco de España elevaba al 74% el dinero que no podrá recuperarse de todas ayudas concedidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Rajoy hacía estas valoraciones tras ser preguntado por el portavoz de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, por las medidas que tiene pensado adoptar el Ejecutivo para "recuperar el dinero de los ciudadanos que usaron para rescatar a la banca".
