El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se ha negado a declarar ante el juez Antonio Serrano-Arnal porque quiere conocer antes el nuevo informe que la Oficina Antifraude debe elaborar sobre el material incautado en su domicilio y su despacho. Además, según ha podido saber Onda Cero, Rato lamenta que está sometido al "máximo rigor", a medidas cautelares extremas y a un grado de publicidad que le ha causado graves daños profesionales, familiares y en su reputación.
La Fiscalía Anticorrupción acusa al exministro de Economía de cinco delitos fiscales y uno de blanqueo, han informado fuentes jurídicas, que han precisado que el instructor volverá a llamarle una vez que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), dependiente de la Agencia Tributaria, entregue sus conclusiones.
Pese a que se ha acogido a su derecho a no responder a ninguna pregunta, Rato se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia y a acudir ante el juez siempre que sea llamado. Rato ha accedido al juzgado en coche y por uno de los garajes, después de que sus abogado lo solicitaran para evitar altercados.
El expresidente de Bankia ha alegado que no podía declarar porque desconoce los hechos concretos que se le atribuyen y porque ignora el contenido de ese nuevo informe, que debe versar sobre todo lo que se incautó en su casa y en su oficina.
Además, fuentes próximas al exbanquero han asegurado que ha sido decisivo en su decisión la testifical del pasado lunes de la inspectora jefe de la Oficina Antifraude, Margarita García-Valdecasas, que no ratificó el primero de los informes de la Onif que propició su detención porque no era su autora. En ese documento, la Agencia Tributaria relataba sus sospechas de que Rato había incurrido en diversos fraudes a la Hacienda Pública ante el impago de varias cuotas de IRPF y el Impuesto de Sociedades superiores a los 120.000 euros que establece la ley para que sea un delito fiscal.
Además, los inspectores, que le atribuían un patrimonio de 26,6 millones, señalaban que él y sus sociedades tenían "un elevado tráfico financiero" con paraísos fiscales, poniendo el foco en las mercantiles gibraltareñas Lilac y Vivaway. Hacienda concluía que el clan de los Rato participaba "en los más variados sectores declarados de actividad empresarial" a través de un entramado de "muy baja tributación".
A ello se unía la "profusa" utilización de sociedades extranjeras y "el tráfico de divisas" por más de 12 millones con países o territorios que pueden considerarse de riesgo fiscal medio o alto", como Gibraltar, Holanda, Estados Unidos, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Dominica, Suazilandia, etc". Con ellas, "posiblemente" intentó dar "opacidad formal a su accionariado", ocultando formalmente la titularidad, y que se destapó una vez el ex director gerente del FMI se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno en 2012 y realizó la declaración de bienes y derechos en el extranjero un año después.
La ONIF también mencionaba la donación a sus hijos en julio de 2013 de sus participaciones de las sociedades Aurosur, Rodanman Gestión, Explotaciones Carabaña y Rafi por valor de 2,6 millones, que después recompró mediante ampliaciones de capital utilizando la sociedad Kradonara. Un año después vendió sus participaciones en Kradonara a Vivaway, que pasó a ser su socio único.
