La declaración del excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro, cuyo interrogatorio en el juicio del caso Nóos está siendo denso y minucioso, se reanudará este martes. Continuará interpelándole el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, ante cuyas preguntas el acusado está desgranando las maniobras de Iñaki Urdangarin y Diego Torres de cara a apoderarse de forma irregular de los fondos de las Administraciones públicas y con las que lograron desviar más de seis millones de euros.
La comparecencia arrancó el pasado jueves y suma más de diez horas de respuestas al representante del Ministerio Público. El exhaustivo interrogatorio y la exhibición de facturas y otros documentos está ralentizando el ritmo de una confesión clave de alguien que conocía a fondo y con detalle cómo funcionaba el entramado empresarial urdido por ambos exsocios para hacerse con el dinero público.
Tejeiro fue además el primer inculpado en alcanzar, hace año y medio, un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por el que ésta pide para él dos años de cárcel. La acusación popular ejercida por Manos Limpias eleva esta solicitud a once años.
El exresponsable del departamento contable del Instituto ha relatado cómo los fondos públicos que la entidad percibió de forma presuntamente irregular acabaron siendo repartidos entre Urdangarin y Diego Torres, quienes para ello urdieron una maraña de empresas entre las que giraban facturas falsas por servicios que no respondían a servicio alguno. Se trata de una práctica que constituía la vía para que el dinero de origen ilícito acabara en las cuentas de los dos acusados.
El inculpado, hermano de la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, subraya cómo las empresas que conformaban el entramado -Instituto Nóos, Nóos Consultoría Estratégica, Intuit, Shiriaimasu y Aizoon- eran entidades vinculadas entre ellas que operaban en el mercado como si fueran una sola, todo ello bajo la dirección de Urdangarin y Torres, quienes ostentaban el control dentro del grupo.
Según un informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa, el importe total de las facturas que se cruzaron dentro del conglomerado empresarial llegó a ascender a ocho millones de euros. Más en concreto, Hacienda precisa que en 2004 la facturación que se efectuó entre las propias empresas de la trama por trabajos supuestamente fictios ascendió a 1,4 millones, mientras que en 2005 fue de 2,1 millones, en 2006 de 2,2, en 2007 de 1,7 y en 2008 de 412.225 euros.
El dictamen destaca cómo "con mucha frecuencia" las facturas se emitían bajo conceptos "extremadamente genéricos o imprecisos", la mayoría de ellas tenían importes "redondos" al tiempo que se han verificado, además, duplicidades respecto a proveedores externos del conglomerado empresarial, "incongruencias" así como "casos notorios de inexistencia del servicio pretendidamente prestado y, en el extremo, de falsificación material de la propia factura".
En esta misma línea, Tejeiro ha explicado que, por orden de Urdangarin y Torres, elaboró facturas falsas que posteriormente fueron presentadas por el Instituto a las instituciones para poder cobrar por eventos que finalmente no se llevaron a cabo.
Tal es el caso de los Juegos Europeos de Valencia, por los que el Instituto percibió 382.203 euros en 2006 a pesar de que el evento nunca tuvo lugar -el convenio para la realización del mismo contemplaba el pago de un total de seis millones de euros-. El inculpado subrayó que las facturas que fueron entregadas a la Generalitat Valenciana habían sido infladas y reflejaban tales gastos que "jamás se podrían justificar, porque no había gastos suficientes que respondieran a las elevadas cantidades reclamadas".
En su comparecencia, Tejeiro señaló tajante que tanto Urdangarin como Torres le ordenaban realizar estas facturas "tras decidir qué cantidad querían facturar" de la Administración.
