La iniciativa parlamentaria que plantea reformar la ley del Tribunal Constitucional para castigar con multas, en vez de con la suspensión del cargo, la desobediencia de los cargos públicos frente a las resoluciones del Tribunal Constitucional provocará que infracciones como tirar petardos, no recoger los excrementos de los perros, poner la música demasiado alta o fumar porros se castiguen con sanciones más elevadas que la negativa a cumplir los dictámenes del TC.
La propuesta lanzada por el PNV propone eliminar los artículos de la ley del tribunal de garantías en las que se confería carácter ejecutivo a sus sentencias y que permiten actuar contra las autoridades y funcionarios que las incumplan con un catálogo de medidas que van desde la suspensión hasta sanciones de 30.000 euros.
La formación vasca, que cuenta con el apoyo del PSOE, apuesta por reducir esta cantidad hasta un máximo de 3.000 euros, una cantidad menor que muchas sanciones administrativas como las citadas.
En el caso de las deposiciones de los perros, las multas por dejarlas en la vía pública varían significativamente en función de la ciudad. A la cabeza se encuentra Las Palmas de Gran Canaria donde un comportamiento muy grave y reincidente puede llegar a cartigarse con hasta 15.000 euros, cinco veces más que el máximo fijado en la iniciativa parlamentaria por no atender los fallos del Constitucional.
El ruido de los petardos, tradicional en las fiestas navideñas en muchos lugares de España y que suele acompañar a los fuegos artificiales, sobre todo en Año Nuevo, también puede implicar el pago de cantidades que superan al incumplimiento de resoluciones judiciales. En concreto, el Ayuntamiento de Málaga baraja elevar las sanciones hasta los 6.000 euros en caso de que su uso provoque daños a la salud. En Córdoba se ha querido luchar con estos cohetes con multas que han llegado a alcanzar los 30.000 euros para aquellos que los vendan sin licencia.
Poner música muy alta en un domicilio particular o en un local que no cuente con la debida insonorización también resultaría más caro que no acatar las órdenes del Constitucional. Por ejemplo, en una sentencia dictada el pasado julio, un Juzgado de Huelva condenó a un vecino de Aljaraque a pagar más de 8.000 euros a los vecinos a los que obligaba a soportar música a elevado volumen durante la noche.
