El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados que antes de que concluya el año presentará una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para que sean los fiscales quienes instruyan las causas penales, en vez de los jueces, que ha calificado de "reto nacional". "Es absolutamente perentorio que demos el paso de superar una legislación decimonónica, estructural y sustantivamente desbordada por la realidad procesal" ha señalado durante su discurso inicial en la Comisión de Justicia, añadiendo que no puede decirse que tenemos una LECrim de 1882 "y quedarnos tan anchos". Sobre esta norma, a la que únicamente se ha referido en términos muy generales, Campos ha señalado que debe "garantizar un proceso penal moderno, democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales, atribuyendo la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y fortaleciendo las garantías constitucionales", y que "deslinde las funciones instructoras de los juzgadores". No ha dado detalles de la reforma del Código Penal que está preparando, "necesita revisión", y que es el centro del debate político, por las consecuencias que pueda tener en los presos del 'procés'. Campo sí ha dicho que pretende hacerlo con "un amplio consenso", pero no admite que exista compromiso con ningún partido para beneficiar a los independentistas.
La oposición ve un disparate poder unir sedición y malversación para rebajarlo, calificándolo como una especie de indulto encubierto.
Permisos... y ¿reducción de penas?
Los nueve políticos independentistas condenados a penas de cárcel por un delito de sedición en el procés pueden salir ya de forma regular -varios días y solo van a dormir a la cárcel-. Las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas han concedido a cinco de ellos la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que les permite salir a trabajar, a hacer voluntariado o a cuidar de familiares. La Generalitat completa que el resto obtenga en breve un trato similar.
El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va a su empresa de maquinaria industrial. Los exconsejeros Joaquim Forn (Interior) tiene luz verde para trabajar en Mediapro como abogado. El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, lo hará pronto y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa ya lo hacen.
Todo indica que los otro cinco condenados por el Tribunal Supremo por el referéndum del 1-O y la declaración de independencia seguirán ese camino. Pero lo que mueve las especulaciones periodísticas y políticas es que, además de estos permisos, pueda reformarse el Código Penal para reducir las penas por estos delitos con lo que se podría producir una salida efectiva de la cárcel antes y reducir también el periodo de inhabilitación. No con permisos, sino por una aplicación retroactiva de esa posibles menores penas.
Los otros anuncios del ministro de Justicia
- Ha anunciado igualmente la presentación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
- Así como un Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la adolescencia frente a la Violencia que están culminando de forma conjunta su ministerio y el de Justicia, sin aludir en este asunto a la vicepresidencia de Pablo Iglesias, que ha venido atribuyéndose el impulso de esta norma en las últimas semanas. Para todo ello, Campo reclama a todos los grupos parlamentarios, especialmente a la oposición "diálogo y consenso", para hacer de la Justicia un auténtico servicio público de calidad y establecer un modelo de Justicia moderno y eficaz, logrando "acuerdos estables para construirlo, basados en el consenso". De lo contrario, "volveremos a lo de siempre, lamentándonos por lo que no hicimos o por la percepción que tienen los ciudadanos sobre la Justicia", ha asegurado.
- También se ha referido a la presentación en un plazo máximo de tres meses del que ha denominado "Plan Justicia" 2030, dirigido a "desterrar la lógica del incrementalismo como único eje de las políticas de justicia", con el objetivo de "ser más eficientes", y que incidirá de forma específica en la modernización y las nuevas tecnologías aplicadas a este servicio público. El citado Plan, según ha adelantado durante su comparecencia, tiene un horizonte temporal de 10 años, "con el objetivo de definir una hoja de ruta coherente para una transformación que, sin duda, deberá prolongarse más allá de este mandato", ha reconocido. Se presentará en un plazo máximo de tres meses al Consejo de Ministros y, cuando se cumplan seis meses del inicio de la legislatura Justicia hará la primera rendición de cuentas sobre su implementación.
El primer eje del plan pasa, según Campo, por la "consolidación de garantías y derechos" en el que incardina tanto la nueva LeCrim como la también ya citada Ley Orgánica del Derecho de Defensa que es reclamada desde hace tiempo por la Abogacía y que recogerá "cuáles son los principios y reglas básicas, para el ejercicio del derecho de defensa en el proceso, desde la perspectiva del ciudadano y su defensor". En este punto ha incluido la necesidad de "hacer un esfuerzo para desjudicializar conflictos en los que se ven inmersos los ciudadanos y que tienen, potencialmente, formas alternativas y adecuadas de resolución". Así, ha añadido que un compromiso que asumo como Ministro es "tratar de diversificar y acercar la oferta de servicios a los ciudadanos para resolver sus diferencias y disminuir la litigiosidad ante nuestros tribunales".
El ministro también ha incardinado en este eje a las víctimas de los delitos en el "centro de las preocupaciones", y que para ello se reforzarán las oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) y se facilitará que puedan beneficiarse de los fondos recuperados por la ORGA también las organizaciones no gubernamentales cuya labor se desarrolle en materia de asistencia a víctimas del delito. Al segundo eje de su plan el ministro lo ha llamado promoción de la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia, y en este capítulo ha anunciado que retomará proyectos iniciados en la época del ministro Francisco Caamaño -con quien campo fue secretario de Estado de Justicia- como es la implementación "de forma completa y definitiva del proyecto de oficina judicial" y la consolidación el "proyecto de expediente judicial digital que sea seguro y accesible". También se ha referido a la incorporación en este punto del mecanismo conocido como "sentencia testigo" en el ámbito civil y mercantil, que permitirá extender los efectos de las sentencias dictadas por los Tribunales, más allá de las personas reclamantes. Ello podría tener repercusión en asuntos como el de las denominadas "cláusulas suelo". El tercer eje del plan estratégico de Justicia es el de la transformación digital a que, según Campo, debe garantizarse "el acceso a la Justicia en iguales condiciones, en cualquier parte del territorio". Para ello, propone una receta de partidos judiciales más grandes con medios adecuados.
