Medidas
El Congreso tumba la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de menores migrantes
La reforma legal no sale adelante porque Moncloa no ha conseguido que su socio Puigdemont haya aceptado recibir en Cataluña a más menores no acompañados. El otro motivo es la negativa del PP, que puso algunas condiciones que no fueron atendidas.
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El Congreso ha tumbado este martes la toma en consideración de la propuesta del PSOE, Sumar y Coalición Canaria para reformar la Ley de Extranjería con el objetivo de establecer un reparto vinculante de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas para aliviar zonas tensionadas como Canarias.
Con 177 votos en contra, 171 a favor y 1 abstención, el intento de tramitar esta propuesta en la Cámara Baja ha fracasado al no haber contado finalmente con el apoyo del PP, que había advertido de ello si no se tenían en cuenta sus exigencias, ni de Junts.
Las negociaciones con ambas formaciones se han prolongado durante toda la jornada hasta la votación, pero finalmente no han acabado en acuerdo para comenzar a tramitar la reforma.
Durante el debate de esta mañana, el PP había criticado duramente la propuesta, tachándola de "nimia" y un "chantaje" a su formación y asegurando que, después de lo escuchado en el pleno por parte de los grupos promotores de la iniciativa, era "casi como de broma" que esperaran un sí por su parte.
El PP pide una Conferencia de Presidentes
De hecho, su diputada, Ana Alós, ha pedido al PSOE, Sumar y Coalición Canaria que retirasen la propuesta, convocasen una Conferencia de Presidentes de forma "inmediata" y un pleno monográfico para debatir tema de inmigración: "Pónganse de verdad a negociar si tienen voluntad para ello", ha señalado.
El Gobierno y Coalición Canaria tampoco han podido atar los apoyos con lo socios de investidura debido a la negativa de JxCat, que ya había advertido esta mañana de su oposición a "seguir sobresaturando Cataluña y tensando la convivencia" de la región.
Estas eran las dos opciones que tenían los proponentes abiertas para sacar adelante la tramitación, toda vez que el no de Vox era inamovible.
Nuevo escenario
Se abre ahora un nuevo escenario sobre el que el Gobierno central no ha querido pronunciarse hasta ahora, a la espera de conocer el voto final del PP.
Canarias ha defendido durante los últimos meses que se apruebe esta reforma por real decreto, lo que permitiría comenzar con los traslados de jóvenes inmediatamente, pero el Gobierno ha querido evitar esta alternativa porque después habría que convalidar este decreto en las Cortes y, si se tumba entonces, podría crear inseguridad jurídica para los menores ya afectados.
Sin embargo, el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, ha asegurado hoy en declaraciones a los medios que si la tramitación no salía adelante en el pleno, el Gobierno lo sacaría por decreto porque ese es el "mandato" que han recibido y lo van a cumplir.
Canarias tiene 6.000 menores no acompañados
La proposición de ley, firmada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria, fue registrada en el Congreso la semana pasada. El texto propone que un órgano competente de la Administración General del Estado decida qué comunidad autónoma debe acoger a los menores migrantes no acompañados desde Canarias, Melilla o Ceuta, en caso de que hayan muchas personas. Actualmente, estas regiones enfrentan una sobreocupación significativa, con cifras que superan ampliamente su capacidad de acogida. Por ejemplo, Canarias tiene 6.000 menores no acompañados, aunque su capacidad es de 2.000 plazas.
La iniciativa se ha enfrentado a la oposición de partidos como el PP, Vox, Junts y ERC. El PP ha criticado la falta de diálogo y financiación adecuada, mientras Junts se niega a que Cataluña participe en el reparto y votará en contra. "Debe quedar reflejado en la proposición de ley, de forma que no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna CCAA", ha insistido el PP en sus exigencias para apoyar la medida.
El Gobierno ha asegurado en el Congreso que el PP venía a demostrar su "cobardía y falta de responsabilidad" si en esta jornada no facilitaba la toma de consideración en el Congreso de la reforma de la Extranjería. Tanto PP como Coalición Canaria han pedido al Ejecutivo que retire la proposición de ley antes de que se vote, ante las dudas de que no reciba los votos necesarios.
La sobrecarga en un año
La propuesta establecía que la sobreocupación actual en Canarias, Ceuta y Melilla debe resolverse en un año mediante traslados. En Canarias, la cifra que determina la existencia de sobreocupación es de 3.000 menores, mientras que en Ceuta y Melilla es de 132 y 249, respectivamente. Sin embargo, la iniciativa no contemplaba una dotación económica específica para implementar este nuevo sistema de reparto, lo que ha sido un punto crítico para su viabilidad y aceptación.
La financiación y la gestión migratoria
Las comunidades autónomas han denunciado el "colapso" que sufren debido a la crisis migratoria y reclaman una financiación adecuada. El PP, en particular, ha propuesto declarar la emergencia migratoria para todo el territorio nacional y no solo para Canarias, Ceuta y Melilla. Además, abogaban por una mayor implicación del Gobierno en la gestión de menores, un control más estricto de las fronteras, y negociaciones con Europa para implementar medidas conjuntas.
El PP también exigía que el reparto de menores migrantes sea obligatorio para todas las autonomías, sin excepciones. Esta demanda surge en respuesta al rechazo de Juntsa incluir a Cataluña en el reparto. Según el PP, es crucial que esta obligación quede reflejada en la proposición de ley para evitar que pueda ser eludida mediante transferencias de competencias en inmigración a cualquier comunidad autónoma.
El PP proponía declarar una emergencia migratoria a nivel nacional, proporcionar financiación adecuada a las CCAA, y una mayor implicación del Gobierno en la gestión de menores migrantes. "Es preciso, imprescindible y básico que el PP de su apoyo y colabore luego en la medida", señaló el ministro Ángel Víctor Torres, como una forma de destacar la necesidad de una respuesta coordinada. Además, el PP instaba a incluir en la ley que el reparto de menores sea obligatorio para todas las autonomías, sin excepciones.
El ministro Ángel Víctor Torres ha expresado su esperanza de que el PP vote a favor de la reforma y había enfatizado que el texto no admitía modificaciones. Según Torres, si el PP no apoya la reforma, estaría actuando en contra del Gobierno de Canarias, del cual forma parte. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también había instado al PP a abstenerse al menos en la votación, mientras que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, había criticado al PP por abrazar mensajes "xenófobos" de Vox.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, había descartado retirar la reforma si no se logra el apoyo suficiente. López subrayó la importancia de la solidaridad en esta cuestión y ha señalado que acoger a menores migrantes es una acción política necesaria para demostrar dicha solidaridad.
El plan B es la aprobación como Decreto-Ley
El ministro Torres había indicado que si la proposición no obtenía el apoyo necesario, el Gobierno está dispuesto a aprobar la reforma de la Ley de Extranjería como un decreto-ley en el Consejo de Ministros. Esta medida permitiría aplicar la reforma de forma inmediata, siempre que cuente con el apoyo del PP para su posterior convalidación en el Congreso.
En una conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada el 10 de junio, el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron el reparto voluntario de 347 menores migrantes no acompañados, con una dotación de 20 millones de euros. Sin embargo, las comunidades han cumplido solo parcialmente estos acuerdos. En 2023, solo el 16% de los menores acordados fueron trasladados.
El debate de la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados es crucial para abordar la crisis migratoria en España. La propuesta de repartir obligatoriamente a menores migrantes no acompañados venía generando divisiones entre los partidos políticos y las comunidades autónomas. La falta de financiación específica y la necesidad de un consenso amplio son desafíos significativos que el Gobierno debía superar para implementar esta reforma.
El debate sobre la Ley de Extranjería en el Congreso
El Congreso de los Diputados inició este martes el debate sobre la reforma de la Ley de Extranjería, centrada en la distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. El diputado del PSOE, Luc André Diouf, destacó la importancia de esta medida para aliviar la presión sobre Canarias, Ceuta y Melilla. "Nos encontramos ante una situación extraordinaria. Debemos dar respuesta al esfuerzo de Canarias, Ceuta y Melilla. Hoy toca votar y no hay más tiempo", afirmó Diouf, agradeciendo el apoyo de Sumar y Coalición Canaria.
El diputado recordó que el Partido Popular (PP) había firmado un compromiso similar con Coalición Canaria para la investidura de Feijóo, y enfatizó la urgencia de la situación. "La situación en Canarias me afecta personalmente. Estos niños están agotados. No hay excusas, no hay más tiempo", añadió. También hizo un llamamiento a todos los diputados a votar a favor, donde ha subrayado que la propuesta representa una oportunidad para dar dignidad a los menores migrantes.
Algunas intervenciones
La diputada del PSOE, María Guijarro Ceballos, subrayó la obligación moral y legal del Estado de cuidar a los menores migrantes. "No podemos hacer dejación de funciones de un menor, ni por tecnicismos políticos de algunos. Demostraremos lo que no somos: insolidarios, injustos y racistas", afirmó Guijarro.
Nahuel González López de Sumar expresó su intervención con "dolor y rabia" y señaló la responsabilidad del gobierno de garantizar que ningún niño quede desamparado. "Esta cámara debe estar a la altura", enfatizó. González criticó al PP y a Junts por aliarse con la ultraderecha y acusó a los líderes del PP de ignorar la realidad migratoria. "El PP no tiene propuesta salvo atacar al gobierno", añadió, destacando la necesidad de legislar no solo contra el racismo, sino también de apoyar la regularización de más de 500 mil personas.
Cristina Valido, de Coalición Canaria, pidió consideración para las personas que enfrentan el drama migratorio diariamente. "Hoy con su voto van a decir que no a los menores, a Canarias. ¿Creen que tenemos más tiempo?", cuestionó. Valido también hizo una crítica a la falta de atención de Europa a la ruta migratoria del Atlántico y subrayó que esta ley es para todo el territorio, no solo para Canarias. "Nosotros no podemos decir que no los atendemos si el gobierno no nos da perritas. Nosotros los atenderemos aunque no tengamos el dinero", afirmó.
Críticas y llamados a la acción desde los partidos
Alberto Catalán de UPN destacó la necesidad de diálogo y acuerdos en política migratoria, responsabilizando al gobierno por no haber actuado a tiempo. "Ante esta emergencia, hay que actuar con medidas de emergencia", declaró.
Noemi Santana de Podemos afirmó que su partido siempre ha defendido los derechos de la infancia, y pidió soluciones viables y sostenibles. "No se trata de repartir niños como si fuesen paquetes de Amazon", subrayó, como forma de destacar la desesperación de las familias que se ven obligadas a poner a sus hijos en riesgo. Maribel Vaquero Montero desde el PNV advirtió que los discursos populistas no generan soluciones y que Euskadi no renunciará a su responsabilidad. "Para que no haya administraciones que miren hacia otro lado, hay que regular", afirmó.
Jon Iñarritu de Bildu criticó la falta de coherencia del PP en apoyar la solidaridad internacional pero no aplicarla dentro del Estado. "Llevar a la armada, ¿qué van a hacer, lanzarse a cañonazos?", ironizó, mientras subrayaba la falta de datos que vinculen inseguridad con menores migrantes no acompañados.
Miriam Nogueras de Junts destacó la histórica solidaridad de Cataluña, pero criticó al gobierno español por abusar de esta solidaridad sin ofrecer recursos suficientes. "Esta ley no da tranquilidad, ni seguridad. Ni a unos, ni a otros", declaró, pidiendo un acuerdo negociado con Cataluña.
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