El PP pide que se retire la reforma de la Ley de Extranjería mientras Vox y Junts sostienen su negativa

El pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes una proposición de ley que busca reformar la Ley de Extranjería para establecer el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas cuando la receptora supere el 150% de su capacidad de acogida. Esta medida ha generado polémica y rechazo entre varios partidos, incluidos el PP, Vox, Junts y ERC.

La proposición de ley, firmada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria, fue registrada en el Congreso la semana pasada. El texto propone que un órgano competente de la Administración General del Estado decida qué comunidad autónoma debe acoger a los menores migrantes no acompañados desde Canarias, Melilla o Ceuta, en caso de que hayan muchas personas. Actualmente, estas regiones enfrentan una sobreocupación significativa, con cifras que superan ampliamente su capacidad de acogida. Por ejemplo, Canarias tiene 6.000 menores no acompañados, aunque su capacidad es de 2.000 plazas.

La iniciativa se ha enfrentado a la oposición de partidos como el PP, Vox, Junts y ERC. El PP ha criticado la falta de diálogo y financiación adecuada, mientras Junts se niega a que Cataluña participe en el reparto. "Debe quedar reflejado en la proposición de ley, de forma que no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna CCAA", ha insistido el PP en sus exigencias para apoyar la medida.

La sobrecarga en un año

La propuesta establece que la sobreocupación actual en Canarias, Ceuta y Melilla debe resolverse en un año mediante traslados. En Canarias, la cifra que determina la existencia de sobreocupación es de 3.000 menores, mientras que en Ceuta y Melilla es de 132 y 249, respectivamente. Sin embargo, la iniciativa no contempla una dotación económica específica para implementar este nuevo sistema de reparto, lo que ha sido un punto crítico para su viabilidad y aceptación.

La financiación y la gestión migratoria

Las comunidades autónomas han denunciado el "colapso" que sufren debido a la crisis migratoria y reclaman una financiación adecuada. El PP, en particular, ha propuesto declarar la emergencia migratoria para todo el territorio nacional y no solo para Canarias, Ceuta y Melilla. Además, abogan por una mayor implicación del Gobierno en la gestión de menores, un control más estricto de las fronteras, y negociaciones con Europa para implementar medidas conjuntas.

El PP también exige que el reparto de menores migrantes sea obligatorio para todas las autonomías, sin excepciones. Esta demanda surge en respuesta al rechazo de Juntsa incluir a Cataluña en el reparto. Según el PP, es crucial que esta obligación quede reflejada en la proposición de ley para evitar que pueda ser eludida mediante transferencias de competencias en inmigración a cualquier comunidad autónoma.

El PP propone declarar una emergencia migratoria a nivel nacional, proporcionar financiación adecuada a las CCAA, y una mayor implicación del Gobierno en la gestión de menores migrantes. "Es preciso, imprescindible y básico que el PP de su apoyo y colabore luego en la medida", señaló el ministro Ángel Víctor Torres, como una forma de destacar la necesidad de una respuesta coordinada. Además, el PP insta a incluir en la ley que el reparto de menores sea obligatorio para todas las autonomías, sin excepciones.

La posición del gobierno y el PSOE

El ministro Ángel Víctor Torres ha expresado su esperanza de que el PP vote a favor de la reforma y ha enfatizado que el texto no admite modificaciones. Según Torres, si el PP no apoya la reforma, estaría actuando en contra del Gobierno de Canarias, del cual forma parte. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también ha instado al PP a abstenerse al menos en la votación, mientras que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha criticado al PP por abrazar mensajes "xenófobos" de Vox.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha descartado retirar la reforma si no se logra el apoyo suficiente. López ha subrayado la importancia de la solidaridad en esta cuestión y ha señalado que acoger a menores migrantes es una acción política necesaria para demostrar dicha solidaridad.

El plan B es la aprobación como Decreto-Ley

El ministro Torres ha indicado que si la proposición no obtiene el apoyo necesario, el Gobierno está dispuesto a aprobar la reforma de la Ley de Extranjería como un decreto-ley en el Consejo de Ministros. Esta medida permitiría aplicar la reforma de forma inmediata, siempre que cuente con el apoyo del PP para su posterior convalidación en el Congreso.

En una conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada el 10 de junio, el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron el reparto voluntario de 347 menores migrantes no acompañados, con una dotación de 20 millones de euros. Sin embargo, las comunidades han cumplido solo parcialmente estos acuerdos. En 2023, solo el 16% de los menores acordados fueron trasladados.

Un debate crucial

El debate de la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados es crucial para abordar la crisis migratoria en España. La propuesta de repartir obligatoriamente a menores migrantes no acompañados ha generado divisiones entre los partidos políticos y las comunidades autónomas. La falta de financiación específica y la necesidad de un consenso amplio son desafíos significativos que el Gobierno deberá superar para implementar esta reforma.

El resultado del debate y la votación en el Congreso determinarán el futuro de la gestión migratoria en España y la capacidad del país para enfrentar de manera efectiva la sobreocupación en regiones clave como Canarias, Ceuta y Melilla.

Renovación del CGPJ tras cinco años en funciones

Otro de los temas que abordará el Pleno del Congreso este martes es la elección de los 10 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que corresponden a la Cámara Baja y aprobará, para su remisión al Senado, la reforma judicial pactada por PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde 2018.

En concreto, los 10 vocales que corresponde elegir a la Cámara Baja -seis de origen judicial y cuatro juristas de reconocido prestigio- serán designados mediante votación en urna y necesitan una mayoría de tres quintos de la Cámara, que se traduce en son 210 votos de los diputados. Habrá dos tandas de votaciones: una para elegir a los seis vocales del turno judicial y otra para los cuatro juristas. En cada una de ellas los diputados no podrán poner más de seis o cuatro nombres en sus papeletas.

Concretamente, la Cámara Baja designará en el turno de juristas a José Luis Costa Pillado (Presidente del Consello Consultivo de Galicia), Inés María Herreros Hernández (fiscal y expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales), Pilar Jiménez (Fiscal Superior de Cantabria) y Argelia Queralt (Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional).

Y para el turno de vocales de procedencia judicial los que corresponde nombrar al Congreso son: Ángel Arozamena (magistrado del Tribunal Supremo), Esther Erice (magistrada de Tribunal Superior de Justicia de Navarra); Gema Espinosa (Audiencia Provincial de Barcelona), José María Fernández Seijo (Juez de lo Mercantil de Barcelona), José María Páez (Juez decano de Málaga) y José Carlos Orga (Audiencia Provincial de Logroño).

El debate sobre la Ley de Extranjería en el Congreso

El Congreso de los Diputados inició este martes el debate sobre la reforma de la Ley de Extranjería, centrada en la distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. El diputado del PSOE, Luc André Diouf, destacó la importancia de esta medida para aliviar la presión sobre Canarias, Ceuta y Melilla. "Nos encontramos ante una situación extraordinaria. Debemos dar respuesta al esfuerzo de Canarias, Ceuta y Melilla. Hoy toca votar y no hay más tiempo", afirmó Diouf, agradeciendo el apoyo de Sumar y Coalición Canaria.

El diputado recordó que el Partido Popular (PP) había firmado un compromiso similar con Coalición Canaria para la investidura de Feijóo, y enfatizó la urgencia de la situación. "La situación en Canarias me afecta personalmente. Estos niños están agotados. No hay excusas, no hay más tiempo", añadió. También hizo un llamamiento a todos los diputados a votar a favor, donde ha subrayado que la propuesta representa una oportunidad para dar dignidad a los menores migrantes.

Algunas intervenciones

La diputada del PSOE, María Guijarro Ceballos, subrayó la obligación moral y legal del Estado de cuidar a los menores migrantes. "No podemos hacer dejación de funciones de un menor, ni por tecnicismos políticos de algunos. Demostraremos lo que no somos: insolidarios, injustos y racistas", afirmó Guijarro.

Nahuel González López de Sumar expresó su intervención con "dolor y rabia" y señaló la responsabilidad del gobierno de garantizar que ningún niño quede desamparado. "Esta cámara debe estar a la altura", enfatizó. González criticó al PP y a Junts por aliarse con la ultraderecha y acusó a los líderes del PP de ignorar la realidad migratoria. "El PP no tiene propuesta salvo atacar al gobierno", añadió, destacando la necesidad de legislar no solo contra el racismo, sino también de apoyar la regularización de más de 500 mil personas.

Cristina Valido, de Coalición Canaria, pidió consideración para las personas que enfrentan el drama migratorio diariamente. "Hoy con su voto van a decir que no a los menores, a Canarias. ¿Creen que tenemos más tiempo?", cuestionó. Valido también hizo una crítica a la falta de atención de Europa a la ruta migratoria del Atlántico y subrayó que esta ley es para todo el territorio, no solo para Canarias. "Nosotros no podemos decir que no los atendemos si el gobierno no nos da perritas. Nosotros los atenderemos aunque no tengamos el dinero", afirmó.

Críticas y llamados a la acción desde los partidos

Alberto Catalán de UPN destacó la necesidad de diálogo y acuerdos en política migratoria, responsabilizando al gobierno por no haber actuado a tiempo. "Ante esta emergencia, hay que actuar con medidas de emergencia", declaró.

Noemi Santana de Podemos afirmó que su partido siempre ha defendido los derechos de la infancia, y pidió soluciones viables y sostenibles. "No se trata de repartir niños como si fuesen paquetes de Amazon", subrayó, como forma de destacar la desesperación de las familias que se ven obligadas a poner a sus hijos en riesgo. Maribel Vaquero Montero desde el PNV advirtió que los discursos populistas no generan soluciones y que Euskadi no renunciará a su responsabilidad. "Para que no haya administraciones que miren hacia otro lado, hay que regular", afirmó.

Jon Iñarritu de Bildu criticó la falta de coherencia del PP en apoyar la solidaridad internacional pero no aplicarla dentro del Estado. "Llevar a la armada, ¿qué van a hacer, lanzarse a cañonazos?", ironizó, mientras subrayaba la falta de datos que vinculen inseguridad con menores migrantes no acompañados.

Miriam Nogueras de Junts destacó la histórica solidaridad de Cataluña, pero criticó al gobierno español por abusar de esta solidaridad sin ofrecer recursos suficientes. "Esta ley no da tranquilidad, ni seguridad. Ni a unos, ni a otros", declaró, pidiendo un acuerdo negociado con Cataluña.

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Noticias de hoy, lunes 22 de julio de 2024