Ley amnistía

Registran más de 100.000 firmas de la sociedad civil en contra de la proposición de ley de amnistía en el Congreso

La Fundación Hay Derecho ha registrado más de 101.000 firmas en contra de la proposición de ley de la amnistía.

La directora general de la fundación Hay Derecho

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101.000 firmas en contra de la proposición de ley de amnistía se han registrado hoy en el Congreso de los Diputados de la mano de la Fundación Hay Derecho. El sentir de estas firmas expresa que la amnistía supone "la quiebra de la separación de poderes" y no responde al "interés general".

"El enfoque no ha sido el interés general, sino únicamente necesidades de aritmética electoral coyuntural a cambio de votos de un partido minoritario", defiende Safira Cantos, directora de la Fundación. Esta campaña busca abrir un debate "participativo y lo más democrático posible". La secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez defiende que "es muy anómalo que una proposición de ley de esta trascendencia no se esté negociando en el parlamento, sino fuera de nuestras fronteras. El debate se tiene que hacer en las instituciones y lo que no se puede entender es que llegue cocinada una proposición de ley acordada por las personas que se van a ver beneficiadas". Patxi López ha explicado que la previsión con la que trabaja su partido es que la proposición de ley de amnistía se apruebe en el Congreso a finales de febrero o principios de marzo para, a partir de ahí, continuar su tramitación en el Senado.

De la Nuez ha criticado las palabras de Sánchez sobre el 'lawfare' en España y ha mostrado su preocupación por lo que considera un "ataque a la separación de poderes". "Si existen casos de abusos o actuaciones judiciales excesivas se deben corregir con las reglas del Estado de derecho y no por parte de los políticos en comisiones de investigación", ha dicho.

Entre los planes futuros de esta Fundación está también solicitar a los grupos parlamentarios la renovación del Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace 5 años, lo que consideran que "daña la credibilidad y la confianza en las instituciones".

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