Retrasan la declaración de Félix Bolaños en la Audiencia Nacional por el caso Pegasus

Hoy, a las 9 de la mañana, estaba previsto que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, declarase como testigo en la Audiencia Nacional. La fecha la puso el magistrado José Luis Calama, que instruye el caso del hackeo masivo de móviles a miembros del Gobierno a través del sistema de origen israelí Pegasus. El Ejecutivo detectó intrusiones en al menos cuatro teléfonos: los del presidente, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el de Agricultura, Luis Planas.

Pero la declaración finalmente no se producirá presencialmente ni tampoco será hoy. Alegando que tiene reunión del Consejo de Ministros, Bolaños solicitó al juez declarar por escrito, una posibilidad a la que se puede acoger por ley. El magistrado le respondió planteando la opción de realizar una declaración por videoconferencia, pero este escrito del juez quedó sin respuesta.

Por ello ayer, Calama dio ayer luz verde a la declaración por escrito, otorgando tres días a Fiscalía y Abogacía del Estado para formular sus preguntas. Una vez las reciba, el juez las hará llegar al ministro y le comunicará entonces qué plazo tiene para responderlas. Según fuentes judiciales, la ley no establece un plazo concreto para este tipo de declaraciones y será el magistrado quien decida.

Por otro lado, la Abogacía del Estado recurrió la decisión del juez de permitir a la Asociación de Juristas Europeos ProLege personarse como acusación popular previo pago de 10.000 euros. El magistrado se mantiene en su decisión. En un auto, explica que la acción popular es "una manifestación del proceso democrático" y califica este caso de "semipúblico" porque puede afectar a delitos que atañen al "interés general".

Subraya el caso de Margarita Robles: "La filtración de información del dispositivo móvil de la ministra de Defensa podría integrar delitos relativos al descubrimiento y revelación de secretos sobre la Defensa Nacional, cuya naturaleza pública es indiscutible". En todo caso, ProLege todavía no está oficialmente personada por no haber podido aún realizar el pago solicitado por el juez.