Ciudadanos ha sacado adelante en el Congreso, con el apoyo del PP y el PSOE y la abstención del resto de grupos, su moción de reforma exprés de la Constitución para suprimir los aforamientos de los diputados, senadores y miembros del Gobierno. A tres días para que el Consejo de Ministros apruebe un anteproyecto de ley de reforma constitucional para acabar parcialmente con esa prerrogativa (se mantendrán para el ejercicio estricto de sus funciones durante la duración del cargo), el debate en el Congreso ha reflejado la falta de consenso sobre el alcance que debe tener la medida.
El PP y el PSOE han votado a favor, pese a que C's ha rechazado sus enmienda, que pedían incluir la solicitud de informes a los órganos colegiados competentes -en el caso del PP- y que remitía al anteproyecto de ley del Gobierno -en el del PSOE-, con lo que la moción ha sido aprobada por 253 votos a favor y 87 abstenciones. Tanto el PP como el PSOE han hecho hincapié, durante el debate, en que el aforamiento no es un privilegio, sino una prerrogativa, y en que la iniciativa de Cs es "populista" y "demagógica".
Albert Rivera ha reiterado en el Congreso la propuesta de su partido de acabar con los aforamientos y ha incluido la necesidad de "la supresión del control del poder judicial y la despolitización la Justicia a través de que los jueces puedan elegir a la mayoría de los miembros del poder judicial".
Este sentido, considera que ambas propuestas "van de la mano" y critica que PSOE y PP se opongan: "Ustedes están obsesionados con seguir controlando el poder judicial porque es allí donde se designa y se escoge a los jueces que van a juzgar a los políticos aforados".
Por su parte, el PNV y el PDeCAT han decidido abstenerse después de que Cs se negara a aceptar sus enmiendas. La del PNV pretendía eliminar no solo los aforamientos políticos, sino también los judiciales, institucionales y de miembros de los cuerpos de seguridad y la inviolabilidad del Rey.
La del PDeCAT precisaba que la eliminación de los aforamientos se ciñera exclusivamente al ejercicio estricto de las funciones del cargo y durante el periodo que dure su mandato, y eliminaba el punto que insta a los parlamentos regionales a reformar sus estatutos para aplicar la medida a los diputados y miembros de gobiernos autonómicos.
