El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, enviará este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su propuesta para un gran acuerdo con nueve puntos de discusión, entre ellos fijar el gasto para sanidad y educación de los próximos años y reforzar el Pacto de Toledo.
La propuesta de pacto incluye hablar de política de vivienda; control de precios; modelo fiscal; modelo de crecimiento y política industrial; reformas para garantizar la competitividad en el sector de la energía y de las profesiones reguladas; reforma de las administraciones públicas y de una ley transparencia que suponga un cambio "importante" en el funcionamiento de las instituciones.
Tras enviar el documento a Rajoy, Rubalcaba se lo mandará también a los grupos parlamentarios, sindicatos y empresarios y gobiernos autonómicos, ya que todos estarían implicados en el acuerdo.
Si el Gobierno "contesta que no", el líder socialista empezará con los sindicatos la ronda de reuniones con el resto de agentes e instituciones afectadas, ha dicho Rubalcaba al término de la reunión de la Ejecutiva Federal.
La propuesta de pacto forma parte de un documento más amplio con las medidas del PSOE para reactivar la economía y combatir el desempleo, que hoy se ha dedicado a estudiar la Ejecutiva en su integridad.
Según Rubalcaba, una EPA (Encuesta de Población Activa) "desastrosa" con seis millones de parados y una Europa que está "girando desde el ajuste, ajuste, ajuste hasta el ajuste más crecimiento y empleo" es lo que le permite plantear en este momento sus propuestas, la mayoría hechas públicas a lo largo de la semana pasada.
Todas ellas van destinadas a "cambiar las tres líneas de actuación del Gobierno: recortes a tutiplén, reformas unilaterales y bajadas de salarios a los trabajadores", y además a poner encima de la mesa políticas de estímulo al crecimiento.
Las propuestas se estructuran en torno a distintos apartados, por ejemplo, crédito a las pymes (a través del BCE, el BEI, el MEDE, el ICO y los bancos españoles que reciben ayuda pública) y creación de empleo (moratoria de despidos, medidas de empleo juvenil, Erasmus para la FP, créditos a empresas con empleos nuevos y bonificaciones del cien por cien en la Seguridad Social a nuevos puesto de trabajo).
El documento también aborda medidas en los apartados de exclusión y pobreza, crecimiento (facilitar la exportación a las empresas y potenciar la política industrial y la rehabilitación) y fiscalidad (reforma fiscal). Rubalcaba ha insistido en que "España necesita un gran acuerdo" y, aunque ha admitido que no ve al Gobierno "dispuesto ni siquiera a intentarlo", ha abogado por no desistir.
También ha afirmado que "hacerlo no es el remedio inmediato de la crisis", pero se ha mostrado convencido de que daría "confianza a los españoles, a los europeos y a las economías mundiales".
El "acuerdo de rentas" que propugnan los socialistas apuesta por moderar salarios, pero también los beneficios empresariales y los precios, y por buscar unas normas de convivencia y servicios sociales que conformen una "especie de salario social" para compensar a los más desfavorecidos por la crisis.
"Deberíamos ser capaces de discutir no sólo cuándo, sino cómo salimos de la crisis y qué España queremos tener cuando salgamos y con qué reglas de convivencia", ha clamado Rubalcaba.
Tras señalar que la mayoría de los españoles está "de acuerdo con intentar este pacto", ha dicho que no ve incompatible haber pedido hace tres meses la dimisión de Rajoy con querer pactar ahora con él.
Rubalcaba ha argumentado que sigue pensando que el presidente del Gobierno se encuentra en tal situación de debilidad por el caso de la presunta financiación ilegal del PP que debería dimitir, aunque ha precisado que es responsabilidad suya decidir si se va o no.
"Es verdad que cada miércoles, en cada sesión parlamentaria sobrevuela el ex tesorero, pero no hay incompatibilidad entre verle débil por lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional y reclamarle un acuerdo", ha recalcado.
Rubalcaba ha aprovechado para felicitarse de que la Comisión Europea haya negado la existencia de una carta en contra del decreto para frenar los desahucios de la Junta de Andalucía. "Me alegro de que Bruselas respete la acción de los parlamentos autonómicos", ha alegado.
