El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha considerado al Partido Popular (PP) responsable civil subsidiario por el pago en negro de las obras de su sede a la empresa Unifica, según consta en un auto en el que propone juzgar a seis personas por la 'caja B' de la formación, entre ellas sus extesoreros Luis Bárcenas y Alvaro Lapuerta.
Así consta en un auto dictado este lunes en el que el magistrado transformar las actuaciones sobre la contabilidad B del PP en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, y propone que sean juzgados por estos hechos, además de los dos extesoreros, el exgerente del PP Cristóbal Páez, los socios del estudio de arquitectura Unifica, que llevó a cabo la reforma de la sede 'popular', Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero.
El juez, que también archiva la causa contra 22 empresarios que, según la contabilidad B de Bárcenas, realizaron donaciones al PP, considera "indiciariamente acreditado" que el PP "se sirvió durante 18 años, desde 1990 hasta al menos 2008, de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal Cuentas".
Delitos fiscales y de apropiación indebida
El juez Pablo Ruz ha propuesto juzgar a 6 personas en el caso Bárcenas, entre ellas los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y el exgerente del partido Cristóbal Páez, y considera asimismo al partido responsable civil subsidiario por los hechos delictivos investigados en la llamada caja B del PP.
Tras dos años de investigación, el juez ha cerrado la instrucción del caso en un auto, en el que atribuye a Bárcenas, Lapuerta, Páez y a tres empleados de la empresa de arquitectura que reformó la sede del PP delitos fiscales y de apropiación indebida, y da por indiciariamente acreditada la existencia de una caja B en el PP.
El juez también levanta la imputación de los 22 empresarios que aparecen como donantes en los papeles manuscritos del extesorero con la caja B del partido. En el auto, Ruz envía asimismo a un juzgado de Toledo, por un posible delito de prevaricación, la vertiente del caso que investiga la adjudicación supuestamente irregular a una filial de la constructora Sacyr de un contrato de basuras del ayuntamiento de la ciudad, que pudo responder a una donación de 200.000 euros de esa empresa para la campaña municipal de la actual presidenta de la comunidad, María Dolores de Cospedal.
